Blair, que aseguró que el panorama ha cambiado desde los atentados del 7-J en Londres, anunció sus planes para prohibir dos grupos islamistas y nuevos poderes para expulsar o excluir a los extranjeros que inciten a la violencia o glorifiquen el terrorismo.
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'La primera tanda de órdenes de deportación comenzará en breve. Que nadie tenga dudas - las reglas del juego están cambiando', aseguró el primer ministro en una rueda de prensa.
Algunas de las medidas le enfrentarán con los tribunales y con los activistas en defensa de los derechos humanos, que desde los atentados de julio se habían reservado su opinión sobre sus leyes antiterroristas.
También amenazan con acabar con el consenso con los otros partidos, ya que los Liberales Demócratas han dicho que Blair no podrá contar con su apoyo, porque creen que estas medidas podrían aumentar la tensión.
Cuatro musulmanes británicos, tres de ellos de origen paquistaní, se inmolaron y mataron a otras 52 personas en tres convoyes de metro y un autobús el pasado 7 de julio. Una segunda oleada de atentados dos semanas después no provocó ninguna muerte ya que fallaron los explosivos, pero causó el pánico.
Desde entonces, Blair ha estado sometido a la presión de muchos medios de comunicación, que piden que silencie o expulse a los 'predicadores del odio', que utilizan las mequitas para incitar a la violencia o que han justificado los ataques.
El primer ministro ha dicho que también intentará lograr nuevos poderes para cerrar los lugares de oración que se utilicen para fomentar el extremismo y deportar a cualquier extranjero que esté involucrado de manera activa con librerías o páginas web extremistas.
Su decisión se produce mientras Italia y otros países refuerzan también sus legislaciones antiterroristas.
¿AFECTARÁ A LA DEMOCRACIA?
Blair aseguró que quiere trabajar con la comunidad musulmana, no alienarla, pero sus críticos aseguran que se ha ido demasiado lejos en el difícil equilibrio entre la libertad y la seguridad.
Reino Unido podría pasar por encima de las leyes de derechos humanos si los tribunales bloquean las deportaciones y Londres no consigue garantías de otros países de que no torturarán a los deportados.
El poder judicial ya ha parado expulsiones gubernamentales, porque según la Convención europea de Derechos Humanos tiene que haber garantías de que el deportado no será maltratado.
El Gobierno dejará al margen de la ley a la organización Hizb ut-Tahrir, que dice estar dedicada a crear un califato islámico con centro en Oriente Medio pero que insiste en que no apoya la violencia, y podría hacerlo con la organización sucesora de Al Muhayirun, un grupo que celebró los atentados del 11-S pero que oficialmente se ha disuelto.
El Consejo Musulmán de Reino Unido ha dicho que cree que Hizb ut-Tahrir es un grupo no violento y que prohibirlo podría hacer que se volviera clandestino.
/Por Katherine Baldwin/
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