'Durante los últimos 6 años y medio, Guantánamo y las violaciones de los derechos humanos impulsadas por EEUU durante su guerra contra el terror han estado más cerca de los suelos y cielos españoles de lo que se piensa, sin que ningún gobierno tomara ninguna medida efectiva para evitarlo', dijo Esteban Beltrán, director de AI en España, en una rueda de prensa.
El informe 'Destinos inconfesables, obligaciones incumplidas' está elaborado a partir de respuestas parlamentarias, investigaciones del Consejo de Europa y del Parlamento Europeo, informes aportados por España a organismos de la ONU así como ONG y documentos procedentes de pesquisas de Amnistía, entre otras fuentes.
El trabajo concluye que, entre 2002 y 2007, más de 90 vuelos de aviones supuestamente vinculados con la CIA con destino u origen Guantánamo o centros de detención secreta en otros países hicieron escala en 15 aeropuertos españoles 'sin que ni un solo funcionario subiera a ninguno de ellos a investigar'.
El Gobierno español defiende que nunca ha tenido evidencias de que se hubieran producido ilegalidades en territorio español, y que siempre ha actuado con transparencia.
Amnistía subrayó en cualquier caso que las escalas continuaron cuando ya había saltado el escándalo de los vuelos de la CIA.
'Las acciones y también la falta de acciones de las autoridades españolas desde 2001 ha facilitado la comisión de violaciones de derechos humanos en el contexto de la guerra contra el terror', aseguró Mónica Costa, autora del informe.
Aunque no existen datos que apunten a que estos vuelos puedan seguir produciéndose, Costa aseguró que 'no hay nada que lo descarte'.
INTERROGATORIOS EN GUANTÁNAMO
El informe de Amnistía no se refiere sólo a los mencionados vuelos a Guantánamo, sino que también denuncia la falta de investigaciones independientes sobre la participación de policías españoles en interrogatorios a presos en la base de Cuba.
En la rueda de prensa participó Lahcen Ikassrien, un ciudadano marroquí que pasó tres años y medio en Guantánamo y fue absuelto en 2006 por la Audiencia Nacional sobre su supuesta vinculación con Al Qaeda, y que fue interrogado por policías españoles desplazados a la base.
Ikassrien aseguró que después de esas visitas - que calculó en cinco, aunque Amnistía dijo que sólo se tienen pruebas fehacientes de una en julio de 2002 - era sistemáticamente torturado 'por las mentiras de la policía española', según le decían los militares estadounidenses.
El informe aborda también las actuaciones del Gobierno en el caso de expulsiones y extradiciones, y denuncia que las autoridades españolas aceptan garantías diplomáticas que son 'papel mojado' por parte de países con un 'historial preocupante' de derechos humanos.
En este sentido, recoge el caso de Basel Ghalyoun, absuelto por los atentados del 11-M y expulsado a Siria el pasado julio.
'Ghalyoun está en un centro de detención sirio incomunicado con riesgo de ser torturado', aseguró Beltrán, que expresó su preocupación por el hecho de que los absueltos el martes por la operación Nova sigan el mismo camino en Argelia y Marruecos.
'Este afán de mirar hacia otro lado cuando personas detenidas sobrevuelan nuestro espacio aéreo, el afán de no investigar ni uno solo de estos vuelos, los interrogatorios ilegales a detenidos en Guantánamo o autorizar expulsiones o extradiciones donde se corre riesgo de tortura contrasta poderosamente con las declaraciones públicas del Gobierno', aseguró Beltrán.
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