El anuncio esta semana del juez Baltasar Garzón de declararse competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo tiene "poco camino" que recorrer. Al menos, en la Audiencia Nacional.
De los 16 magistrados que componen la sala de lo penal de la Audiencia, la inmensa mayoría, según recoge la Cadena Ser, se inclina por otorgarle poca vida al proceso penal emprendido por el juez. Ninguno cree que el proceso penal se sostenga porque no hay autor o autores del supuesto delito.
El caso, nos dicen, estaría además prescrito y amnistiado por la ley de 1977. Aunque todos los magistrados reconocen las razones importantes que tienen los familiares para mantener este pleito, ninguno considera que la vía penal sea la acertada para recuperar sus derechos.
El caso, según el parecer de los jueces, terminara en archivo porque "las atribuciones de la audiencia no permiten la investigación desde esta sede judicial" y si, en cambio, desde los juzgados ordinarios.
Piden a la Fiscalía que no recurra
Por su parte, la Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas por el Franquismo pidió el sábado a la Fiscalía del Estado que no recurra la decisión del juez Garzón de investigar las desapariciones ya que la Justicia "ha comenzado a funcionar con estas víctimas".
En declaraciones a la prensa, el portavoz de la plataforma, Manel Perona, ha apoyado a Garzón y ha añadido que el juez contará con la ayuda de esta organización "para cualquier cosa que necesite". Las asociaciones que forman la plataforma se han reunido esta mañana en Madrid para debatir el auto del juez sobre este asunto y su conversión en sumario.
Los fiscales progresistas apoyan la causa
La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha mostrado su "apoyo" a la investigación "que solicitan los familiares de afectados y sus asociaciones" y que, en su opinión, han sido objeto "de un vergonzoso olvido oficial".
En este sentido, subrayan, en un comunicado, que anteriores iniciativas de la UPF denunciando los crímenes cometidos por las dictaduras militares de Argentina y Chile "abrieron" el camino para un gran avance del Derecho Penal Internacional en el ámbito de los Derechos Humanos, "venciendo el muro de impunidad en que se amparaban" los responsables de dichos crímenes.
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