La Organización Impulsora de los Discapacitados (OID), que ejerce la acusación popular en el caso del accidente aéreo del pasado 20 de agosto en Barajas, ha pedido al juez que, como medida cautelar, imponga a Spanair una fianza de 154 millones de euros, por su posible responsabilidad civil subsidiaria.

El abogado de la acusación, Javier Gallego, ante la decisión del juez de imputar por homicidio imprudente a un mecánico, un técnico y al jefe de mantenimiento de la compañía en el aeropuerto, se ha remitido al juzgado la petición para que Spanair, en concepto de responsabilidad civil, deposite un millón de euros por cada uno de los fallecidos en el accidente.

También ha recordado que su organización ya había pedido la imputación de los técnicos de mantenimiento, por lo que ha considerado que la actuación del titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid ha sido la correcta.

Además ha valorado como especialmente "positiva" la decisión de ordenar la constitución de una nueva comisión de investigación, que dependa del juzgado, para aclarar lo más rápidamente posible los puntos oscuros sobre el siniestro.