El famoso eslogan publicitario de que Hacienda somos todos no termina de calar en una parte de la sociedad andaluza. El fraude fiscal provocado por los alquileres de viviendas no declarados en la Comunidad Autónoma alcanza una cuantía de 328,23 millones de euros, según se refleja en un informe elaborado por la Asociación de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

Este estudio se ha realizado cruzando los datos relativos a 2006 del Ministerio de Vivienda y la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), según explica el citado colectivo de profesionales.

Fuentes de Gestha indican que esta subida «pone en tela de juicio la eficacia de las medidas de prevención del fraude fiscal del Gobierno» para hacer aflorar la economía sumergida.

Según el informe de Gestha, en Andalucía hay 180.586 pisos y casas alquilados sin ninguna clase de contrato, lo que significa un 73,5% del total del parque inmobiliario que está en arrendamiento en la región.

Esta cantidad coloca al territorio andaluz como la Comunidad Autónoma de todo el país con el mayor volumen de alquileres sumergidos en la actualidad. Eso sí, en este caso la mayor presión gubernamental sobre este segmento inmobiliario ha provocado que el número de inmuebles en esta situación se haya reducido un 4,4% en dos años.

Faltan más garantías

Los responsables de Gestha consideran que son necesarias medidas fiscales y legislativas más exigentes para acabar con el fraude en el sector inmobiliario. Entre ellas destaca el establecimiento de un sistema de garantías para el arrendador y el arrendatario sobre las obligaciones en torno a la conservación del inmueble y el pago de la renta.

También piden que se reduzca el tiempo para presentar una demanda de desahucio de cuatro meses, como ocurre actualmente, a 15 días.

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