Se llama Josefa Jiménez, tiene 52 años, está en tratamiento de quimioterapia y tiene problemas en sus ovarios que le impiden aguantar mucho las ganas de orinar. El martes, a las 10.30 de la mañana, llegó con su hija y su pareja a la Comisaría provincial a presentar una denuncia.
Aunque su gestión le llevó tres horas, lo peor del día fue que Josefa acabó casi orinándose encima porque al preguntar por los aseos públicos, un funcionario le respondió a ella y a su hija que no había por «motivos de seguridad». «Y yo me pregunto por qué entonces no hay un policía cuidando el baño», lamentaba ayer la mujer.
Josefa, que sufre además una minusvalía del 65%, asegura que desconocía que no hubiera servicios públicos. «He estado otras veces en la comisaría por algún trámite pero solía siempre ir antes a desayunar al bar de enfrente».
En medio de la urgencia, relata que salió de las dependencias, se sentó en un banco de los jardines de la entrada y ahí no pudo aguantar».
Sólo casos excepcionales
Un portavoz de la Policía Nacional admite que no hay aseos públicos como medida de seguridad y razona que las personas que se dirigen a la zona de trámites no pasan ningún control. «Me sorprende que el policía no le ofreciera acompañarla teniendo en cuenta su estado. Lo hacemos en determinados casos.
En la comisaría de El Palo, La Palmilla y el Centro tampoco hay servicios para el público. En esta última, un funcionario explica que normalmente no se permite usarlo, aunque hay excepciones como niños o embarazadas.
«Lo normal es que se le recomiende acudir al bar de la esquina», argumenta. La razón que esgrimen es que las gestiones que se hacen en las comisarías «no son de urgencia» como para no posponerla.
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