No es la primera vez que esto sucede, fundamentalmente, porque los ayuntamientos no siguieron los trámites adminsitrativos necesarios. La Fundación Internet Gratis Para Todos (IGPT) es una organización que se propone asesorar en casos similares para evitar problemas legales.
Según afirman en su página web, también se plantean como objetivo la concienciación de "la sociedad para vecer los miedos y que se demande un acceso gratuíto a Internet como medio de acceso básico a la cultura".
Lo que platea FIGPT es que es posible proporcionar de forma gratuita un acceso básico a Internet para todos los ciudadanos. "Aquellos usuarios con necesidades mayores en velocidad y servicios que puedan pagar por ello deberán hacerlo a través de servicios de pago", explican.
El proyecto de Moralzarzar en el que estos expertos se han embarcado no es único en España, pues existen muchos municipios que han instalado -o se plantean hacerlo- redes inalámbricas para el disfrute de sus ciudadanos. Pero en ocasiones los trámites legales necesarios no se cumplimentan adecuadamente, y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones suele sancionar a los municipios y les ordena que suspendan el servicio.


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