Denegado el tercer grado a Rafael Vera, que deberá seguir en prisión

El ex secretario de Estado de Seguridad Rafael Vera fue condenado a siete años de prisión por el caso de los "fondos reservados", de los que sólo ha cumplido cinco meses.

La Audiencia Provincial de Madrid ha denegado el tercer grado (régimen abierto) al ex secretario de Estado de Seguridad Rafael Vera, condenado a siete años de prisión en el caso de los "fondos reservados".

La Audiencia confirma así la decisión adoptada por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Valladolid y que Vera recurrió.

Según el auto, la Audiencia admite que "es cierto" que Vera "presenta factores muy positivos, por el momento, para acceder en el corto espacio de tiempo al tercer grado pretendido", pero los considera insuficientes para concedérselo.

El tribunal considera necesario mantener al preso en estudio pues, pese a ser "favorable" su evolución, "es preciso que se consolide" ya que "no ha cumplido la cuarta parte de la condena".

Menciona, también, como elemento para denegar el régimen abierto (el recluso sólo acude a la cárcel a dormir) "la fuerte repercusión social que han tenido los hechos por los que fue condenado" dada además su "condición de autoridad" en el momento en que cometió los delitos.

El ex secretario de Estado ingresó en el centro penitenciario de Segovia el pasado 16 de febrero y ha disfrutado de varios permisos extraordinarios tras acreditar que su esposa está enferma.

El 22 de enero de 2002, la Audiencia Provincial de Madrid condenó a Vera a siete años de prisión por un delito continuado de malversación de caudales públicos, al considerar probado que se lucró personalmente "en cantidades importantísimas" y sustrajo dinero más a favor de otros, "hasta una cifra global que supera de lejos los 600 millones de pesetas".

En abril el Tribunal Supremo se mostró contrario a la concesión del indulto solicitado para el ex secretario de Estado, ya que Vera "sigue sin satisfacer las responsabilidades civiles a las que fue condenado" al no haber restituiod aún al Estado los casi cuatro millones de euros que se le exigen.

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