El Defensor del Pueblo acusa a la Guardia Civil de trato "brutal" a unos inmigrantes

  • Una patrulla agredió supuestamente a varios marroquíes en El Ejido.
  • Denuncian que los agentes destrozaron sus pertenencias.
  • Chamizo se reúne mañana con el subdelegado de Gobierno en Almería.
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El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo de la Rubia, se reunirá mañana con el subdelegado del Gobierno de Andalucía para conocer los hechos que ocurrieron el domingo en la zona en los asentamientos chabolistas del paraje de 'Tierras de Almería', en el término municipal de El Ejido. Según Chamizo agentes de la Guardia Civil "actuaron con violencia" y "destrozaron algunas chabolas de población magrebí".

El Defensor del Pueblo andaluz explicó que, por la información de la que dispone, los agentes del Instituto Armado "trataron de forma brutal" a los inmigrantes que residen en el asentamiento. "Les dieron golpes y destrozaron lo poco que tienen", añadió. "Me preocupa si se comportó mal algún Guardia Civil ya que convivencia en la zona es muy delicada y cualquier metedura de pata puede influir en un deterioro de la convivencia que nadie quiere", apuntó Chamizo.

Por otro lado, la organización 'Almería Acoge' lamentó el lunes los "dolorosos" incidentes en los asentamientos chabolistas por una intervención "con violencia e intimidación" de agentes de la Guardia Civil, que el presidente del colectivo, Juan Miralles, cree se trata de "elementos descontrolados" en el seno del Instituto Armado.

Miralles detalló que el último incidente se produjo el domingo en varias infraviviendas de la zona, con un cien por ciento de los residentes de origen magrebí. Al parecer, siempre según el testimonio de las víctimas, una patrulla de la Benemérita se presentó en el lugar y procedió a desalojar algunos de los inmuebles, donde causaron destrozos en el mobiliario e inhabilitaron las conexiones de luz y agua.

Con una actitud que calificó de "peligrosa", los números de la Guardia Civil no pidieron a los inmigrantes la documentación, como sería el procedimiento habitual en un control de extranjería, pero sí los "intimidaron con una violencia que nunca estaría justificada".

Otros casos

'Almería Acoge' concretó, asimismo, que los primeros incidentes que se pusieron en conocimiento del colectivo se remontan al pasado mes de abril, también en el mismo paraje ejidense y con protagonistas que "parecen claramente pertenecer" al Instituto Armado, por lo que entonces se solicitó una reunión con el subdelegado del Gobierno central en Almería, Miguel Corpas, por la que consta a la ONG "que no hay órdenes oficiales" para incluir esta línea de actuación en la lucha contra la inmigración irregular y las proliferación de infraviviendas en las inmediaciones de las explotaciones agrícolas bajo plástico.

Además de los cuantiosos daños materiales a las chabolas, que incluyen el derribo de los 'cortavientos', y las pertenencias de sus propietarios --como las bicicletas que usan como medio de transporte habitual--, el pasado día 23 varios varones magrebíes sufrían lesiones de diversa consideración en pies y manos mientras que un joven precisaba evacuación al Hospital de Poniente en El Ejido "después de que sufriese un desmayo y crisis de ansiedad" por el trato dispensado por los agentes.

Miralles, para el que no es "de recibo" que unos "pocos" enturbien el trabajo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y provoquen la salida "otra vez" de Almería en los medios de comunicación por sucesos de tinte "racista o xenófobo", instó a la Subdelegación del Gobierno a que investigue y controle estos "comportamientos" ya que --ahondó-- "suponemos que son los primeros interesados en que no ocurran".

Por su parte, el Sindicato de Obreros del Campo (SOC-MRA), a través de su portavoz Spitou Mendy, reveló la existencia de incidentes con presunto "abuso de autoridad" por parte de la Guardia Civil y la Policía Local tanto en El Ejido como en la Comarca de Níjar desde 2003 y concretó la interposición de, al menos, dos denuncias que fueron tramitadas durante el pasado año.

Mendy aseguró, en esta línea, que el colectivo tiene por norma informar por escrito a la Subdelegación del Gobierno y a la oficina del Defensor del Pueblo de cada uno de este tipo de casos que son puestos en conocimiento de sus responsables. No obstante, fuentes gubernamentales negaban que se haya trasladado denuncia alguna en este sentido a la Subdelegación pese a matizar, que de producirse, iniciarían una investigación para depurar posibles responsabilidades.

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