La norma llamada a revolucionar los Servicios Sociales en la comunidad, que asignará asistentes sociales a los gallegos, todavía no tiene plazos de ejecución. La Xunta aún no ha decidido cuándo entrará en funcionamiento uno de sus proyectos más ambiciosos en esta legislatura, una ley que pasó ayer su último trámite parlamentario antes de que se apruebe definitivamente. Vicepresidencia, su impulsora, reconoce que «la complejidad» de la norma impide dar una fecha concreta.

El texto traerá cambios en el día a día del ciudadano. Como si fuese la tarjeta sanitaria, una banda electromagnética resumirá su historia social: desde el nombre de su asistente personal hasta su historial en en todos los programas relacionados con la ley: programas de prevención y protección o defensa de la infancia, entre otros.

Las sanciones, clave

La ley, eso sí, no se olvida de las sanciones. Es más, es uno de sus elementos clave, según apuntan en Vicepresidencia. Un mal uso de los programas o servicios se penará con multas que llegan a los 6.000 euros e incluso con la imposibilidad de acceder a la financiación pública durante cinco años. Lo que recaude la Xunta con estas sanciones irá destinado «a mejorar el servicio con nuevas prestaciones», por lo que repercutirá «directamente» en el ciudadano, como aseguran en la Xunta.

La ley, además, no será inamovible. Vicepresidencia pretende elaborar un plan estratégico cada seis años para adaptarla a nuevos supuestos. De hecho, ya dejó que los ciudadanos aportasen sugerencias para el nuevo texto en la web www.benestargaliza.org.

Requisitos

Las nuevas prestaciones beneficiarán a todos los europeos que estén empadronados en Galicia, el único requisito para los beneficiarios que marca la ley. Aunque, recalcan los impulsores, el nuevo sistema de servicios está abierto a toda persona «en situación de emergencia».

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