El juez quiere saber de dónde sacó Yagüe el dinero para evitar la subasta de su chalé

El instructor del "caso Malaya", Óscar Pérez, ha solicitado información al Juzgado de Primera Instancia número 5 de Marbella sobre la forma de pago de los cerca de 940.000 euros aportados por la ex alcaldesa Marisol Yagüe para evitar que su chalé saliera a subasta pública.

En la providencia, fechada un día después de la suspensión de la subasta, el magistrado pide que se notifique a su juzgado "la forma y persona" que procedió al depósito del dinero.

No pagó las reformas

Yagüe consignó cerca de 940.000 euros para evitar la subasta, enmarcada en el proceso de ejecución de la sentencia por las obras de reforma acometidas en su vivienda, de los que unos 722.000 euros se correspondían con el débito principal a la constructora que ejecutó las obras y el resto a diferentes conceptos como intereses y costas.

Según el edicto de subasta, la propiedad de la ex regidora está valorada en más de 1,9 millones de euros, aunque mantiene una hipoteca con el Banco Español de Crédito y una anotación de embargo a favor del Instituto de Crédito Oficial.

La Audiencia Provincial de Málaga condenó en marzo a Yagüe al pago de más de 722.000 euros a la empresa Copasur por las obras de remodelación en su chalé, un fallo judicial que estimaba parcialmente el recurso de apelación contra la sentencia inicial dictada por el Juzgado marbellí, que obligaba a Yagüe a pagar a la constructora 908.000 euros por la reforma.

Caprichos de la ex alcaldesa

Según dicha sentencia, la ex regidora dio órdenes a los operarios que trabajaron en la reforma de su chalet de derribar en diez ocasiones el tabique del baño y cambiar "como tres veces" las ventanas y los radiadores del salón.

Por otra parte, Yagüe prestará hoy declaración como imputada en el Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella por la querella presentada por un ex representante sindical del Ayuntamiento y ex conserje de un colegio público por los supuestos delitos de atentado contra los derechos de los trabajadores e injurias.

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