La nueva carta magna, que otorga al Estado el control de los sectores estratégicos de la economía, es la piedra angular del proyecto político del mandatario con el que promete poner fin 'a la larga noche neoliberal' que arruinó al país, pero que sus adversarios tildan de 'peligrosamente autoritario'.
Desde los remotos pueblos indígenas de la Amazonía a las exóticas Islas Galápagos, una abrumadora mayoría de los casi 10 millones de electores llamados a las urnas respaldó un texto constitucional que ha sido duramente criticado por la Iglesia Católica, partidos políticos tradicionales y empresarios.
'Hoy el Ecuador ha decidido un nuevo país, las viejas estructuras han sido derrotadas', dijo el popular gobernante, de 45 años, desde una tarima en la ciudad porteña de Guayaquil, calificando el resultado de 'triunfo histórico'.
Con casi la mitad de los votos escrutados, el Tribunal Supremo Electoral contabilizaba un respaldo del 65,3 por ciento al proyecto constitucional, confirmando la tendencia arrojada por sondeos a pie de urna y un recuento rápido, mientras que el 'No' sumaba un 27 por ciento.
Centenares de eufóricos seguidores cantaban, ondeaban banderas nacionales y aplaudían enfervorecidos a su líder, que celebró la victoria en el feudo electoral de la oposición, donde las encuestas todavía mostraban un reñido escenario.
CORREA 'SUPERPRESIDENTE'
La Constitución convertirá al carismático profesor universitario en el presidente más poderoso de la historia moderna de Ecuador, con una poderosa influencia en instituciones políticas clave, las cortes y el Ejército.
Además, blinda su estabilidad al frente de un país que ha visto caer a tres presidentes en la última década en medio de violentas protestas populares, abrogándose en exclusividad la gestión de la política monetaria cambiaria y fiscal, tras eliminarle la autonomía del Banco Central.
También contempla la inédita posibilidad de que Correa sea reelegido durante dos nuevos períodos consecutivos, prohíbe el latifundio y permite la expropiación de tierras ociosas, que serían destinadas a sectores excluídos, como los indígenas
Y aunque sectores progresistas aplauden un articulado que contempla las uniones entre personas del mismo sexo y promete mayor participación ciudadana en las decisiones de gobierno, la Iglesia ha clamado desde los púlpitos que el proyecto es 'abortista' y un ataque 'contra la familia'.
Aupado por las esperanzas de cambio, el resultado confirma las grandes expectativas que ha generado Correa en un país desencantado con la 'corrupta partidocracia', a la culpan de las recurrentes crisis económicas que forzaron la emigración de millones de compatriotas en busca de un futuro mejor.
Pese a reconocer el resultado, sus oponentes auguran oscuros tiempos para el empobrecido país de 14 millones de habitantes, denunciando que la carta magna instaura un modelo 'hiperpresidencialista' con el que Correa emulará las radicales políticas izquierdistas de su aliado venezolano, Hugo Chávez.
/Por Enrique Andrés Pretel y Alexandra Valencia/.*.
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