La Fiscalía pedía una pena de cinco años y tres meses de prisión por un delito contra el medio ambiente para el jubilado, a quien acusaba de haber continuado con sus fumigaciones tras la presentación de la denuncia de la vecina, pese a que el Ayuntamiento y la Generalitat le exigieron que cesara el tratamiento de sus frutales hasta que fueran analizados los productos que empleaba.
No hizo nuevas fumigaciones
Sin embargo, el tribunal no cree probado que el acusado hubiera realizado nuevas fumigaciones de su huerto tras recibir la notificación administrativa que se lo prohibía, ya que nadie le vio hacerlo y, además, sus frutales se vieron atacados por plagas que los insecticidas habrían evitado.
Para la Audiencia, no cabe duda alguna de que las fumigaciones pudieron causar daños físicos a la vecina denunciante, debido a la hipersensibilidad crónica que padece a numerosos productos químicos, pero "no en mayor o menor medida que cualquier otro, como la contaminación por gases de los vehículos que circulan por su calle, perfumes, polen y demás agentes alérgicos".
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