Las labores se han iniciado hoy después de que el Ayuntamiento de Granada, uno de los cuatro consistorios españoles a los que Garzón extendió el requerimiento, recibiera ayer la providencia, según ha explicado el portavoz del equipo de Gobierno local, Juan Antonio Mérida (PP).
En la providencia, el juez solicita los nombres de las personas que fueron enterradas en fosas comunes a partir del 17 de julio de 1936, la fecha y las circunstancias en las que se produjeron los enterramientos y si estas muertes se hicieron constar en algún registro público.
Mérida ha indicado que en el momento en el que dispongan de la información la enviarán "completa y en todos sus extremos" al juez de la Audiencia Nacional.
El alcalde, José Torres Hurtado (PP), dio ayer "orden inmediata" a los servicios de Emucesa y al archivo histórico municipal para que comiencen a recabar los datos solicitados, según el portavoz.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en Granada consideró recientemente que la petición del juez Garzón acerca la exhumación de los restos de Federico García Lorca, como una víctima más de la dictadura.
Paradero de Lorca
Supuestamente Lorca fue fusilado junto a un maestro de escuela y un banderillero y enterrado en una fosa común, aunque hay diferentes teorías respecto a si está en el granadino Barranco de Víznar o en la cercana Fuente Grande de Alfacar.
La familia del maestro Dióscoro Galindo quiere que se investigue su paradero y que se exhume la fosa para darle una sepultura digna, aunque la idea es rechazada por los allegados de García Lorca, que entienden que sería traicionar su memoria.
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