La Generalitat empleará para fines sociales los inmuebles del caso Blasco que fueron pagados con el desvío de fondos

  • La Generalitat ha dado su visto bueno a que la Abogacía de la Generalitat solicite al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) la adjudicación de los inmuebles que fueron pagados con el desvío de fondos públicos en el caso Blasco del anterior Consell.
Blasco
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EUROPA PRESS
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Así lo ha explicado en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell la vicepresidenta y titular de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, quien ha indicado que estos inmuebles se destinarán "a políticas sociales y a colectivos vulnerables".

De esta forma, el actual Consell busca "dejar de lado el pasado de saqueo y de falta de escrúpulos", de modo que "lo que ha sido un símbolo del gobierno antiguo y de la corrupción política se convierta en un símbolo de las cosas que se pueden hacer cuando no se desvía dinero".

En esta misma línea, Mónica Oltra ha señalado que "se destinarán al interés general y no al interés de unos desalmados que tenían de todo menos vergüenza". Además, ha manifestado que de esta forma cumplen "un objetivo" del Gobierno, que se comprometió a "recuperar hasta el último céntimo de todo lo robado".

El objetivo es dar cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia del caso Cooperación -según Oltra, mejor llamado caso Blasco- en la que, con independencia de las condenas de carácter penal, se determina una responsabilidad civil por importe de 1.623.840 euros.

Para hacer efectiva esta cantidad, el juez embargó cuatro inmuebles propiedad de la Fundación Cyes, que fueron adquiridos por esta entidad con las subvenciones de la Generalitat declaradas fraudulentas y de las que únicamente llegaron a su destino (Nicaragua) 43.000 euros.

En concreto, los 1,6 millones malversados se invirtieron en un garaje y tres inmuebles en Valencia, que se sacaron a pública subasta. Pero ninguno de los inmuebles se pudo adjudicar porque las mejores ofertas que se presentaron quedaron muy por debajo del precio fijado en la tasación judicial.

Así, por uno de los pisos se ofrecieron 30.000 euros (el 10% del precio de licitación, que ascendía a 290.634 euros). Por otro de los pisos se llegaron a ofrecer 25.000 euros (el 13% del precio de licitación, 179.124 euros). Y por el tercero de los inmuebles se ofrecieron 21.000 euros (el 21% del precio de licitación, que se cifra en 97.042 euros).

En total, se ofrecieron 76.000 euros por los tres inmuebles, cuando el precio de licitación de los mismos sumaba 566.800 euros. Únicamente en el caso del garaje se adjudicó a la mejor oferta, 8.200 euros, frente a un precio de licitación de 13.500 euros.

ADJUDICACIÓN AL ACREEDOR

Respecto a los otros tres inmuebles, la Ley de Enjuiciamiento Civil prevé que, cuando la autoridad judicial deniega la aprobación del remate, el acreedor (en este caso, la Generalitat) podrá pedir la adjudicación por el 50% del valor por el que el bien hubiera salido a subasta o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos, que es lo que ha hecho la Generalitat.

Este importe viene a resarcir parte de la responsabilidad civil incurrida por los condenados, sin que la Generalitat tenga que realizar un desembolso efectivo. El único dinero que ha tenido que abonar el Consell en esta operación es el de las cargas pendientes que recaían sobre los inmuebles; en concreto, el IBI al Ayuntamiento de Valencia (10.521 euros) y las deudas con la comunidad de propietarios (17.695 euros).

Valor en el mercado de 830.000 euros

El Servicio de Gestión Inmobiliaria de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico ha calculado el valor actual de mercado de estos tres inmuebles y ha comprobado que alcanzan los 830.000 euros.

En cuanto se haga efectiva la adjudicación, los inmuebles pasarán a integrarse en el inventario de bienes de la Generalitat, que a partir de entonces podrá disponer de ellos libremente, mediante su uso o su venta.

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