La investigación de Garzón sobre los desaparecidos reaviva la polémica

Las reacciones a la decisión del juez Garzón de iniciar una investigación sobre los desaparecidos tras el golpe de Estado que dio inicio a la Guerra Civil Española no se han hecho esperar. Muchas voces han valorado positivamente la decisión del magistrado de solicitar censos de desaparecidos, aunque otros tantos se han mostrado en contra.

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¿Qué te parece que Garzón elabore un censo de los desaparecidos de la Guerra Civil?

43% Muy bien: es hora de hacer justicia.

8% Bien, pero solamente para saberlo.

5% Tengo cosas más importantes de las que preocuparme.

11% No me parece una prioridad, la verdad.

34% Fatal: ya está bien de remover la Historia.

El juez, que además ha dado 15 días a los denunciantes para presentar sus informes , se ha encontrado con sorpresas como la de la Generalitat de Cataluña que, pese a no estar en el listado solicitado por Garzón, ha decidido poner a su disposición toda la información que posee.

Voces a favor de la decisión judicial

• Amnistía Internacional (AI) dijo que es "un paso más para que las víctimas de graves violaciones de derechos humanos durante la Guerra Civil y el franquismo puedan tener acceso a la verdad, la justicia y la reparación".
• El presidente del Congreso, José Bono, ha asegurado que es algo "justo, lícito y comprensible", pero separando ese derecho de la "confrontación partidista"."Aquí hay un sentimiento digno de ser atendido", ha puntualizado el presidente del Congreso, quien ha recordado unas palabras que pronunció durante la Guerra Civil el que fuera presidente de la II República, Manuel Azaña: "Los muertos de España, desde la profundidad de su tumba, nos piden paz, piedad y perdón".
• La secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, aseguró hoy que la decisión es algo "lógico, normal y de justicia" que supone "honrar a los muertos" y "recordar a las familias".
• El vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Santiago Macías, declaró que es una propuesta "genial" puesto que "ya era hora" de que las diferentes administraciones "tomen cartas en el asunto".
• La Fundación Pere Ardíaca, entidad fundada por el Partido de los Comunistas de Cataluña (PCC), considera la decisión "una prueba de normalidad democrática con la finalidad de aprender del pasado para que no vuelva a pasar nunca más".
• Joan Ridao, de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), elogió hoy la "loable" iniciativa del juez Baltasar Garzón: "La demanda de algunas entidades finalmente ha encontrado eco en la Justicia española".
  

Voces en contra de la decisión judicial

• Mariano Rajoy ha dicho al respecto que no es partidario de "reabrir las heridas del pasado porque no conduce a nada. Lo mejor de la Constitución de 1978 fue que los españoles nos pusimos de acuerdo en mirar al futuro y construir un futuro mejor".
• El eurodiputado Jaime Mayor Oreja ha calificado de "disparate" la decisión del juez. Tras recordar que hace tiempo dijo que Ley de la Memoria Histórica era una de las "más perniciosas", ha añadido que le parece un "enorme error" porque es "echar piedras contra nuestro propio tejado".
• El filósofo y profesor emérito de la Universidad de Oviedo, Gustavo Bueno, tildó hoy de "sucia e inoportuna" la decisión del juez Baltasar Garzón, a quien acusó de tener "complejo de Jesucristo para juzgar a los vivos y a los muertos" y de creerse un "juez universal" que aspira a ser el Presidente del Tribunal Internacional de Justicia, "una especie de Espíritu Santo que juzga a todos los hombres y a los Gobiernos".
• Desde la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García ha dicho que las investigaciones penales no están previstas para dar lugar a la apertura de causas generales.
  
• En la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV), Lorenzo del Río ha dicho que la vía penal "está para averiguar delitos y posibles sujetos responsables, pero no para otro tipo de cuestiones".
  
• El portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Miguel Ángel Jimeno, ha cuestionado que se haga a través de un proceso judicial ya que, en su opinión, debería ser el Ejecutivo el que lo llevara a cabo.