Los enfermos terminales andaluces podrán negarse a recibir su tratamiento médico

Muy pronto los andaluces enfermos terminales tendrán derecho a rechazar o paralizar cualquier tratamiento o intervención médica. Será posible gracias a la puesta en marcha de la Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas en el Proceso de la Muerte que la Junta comenzó a tramitar ayer y llegará al Parlamento andaluz para su debate la próxima primavera.

Según ha explicado la consejera de Salud, María Jesús Montero, se trata de «la primera norma de estas características que se elabora en España» y tiene como objetivo regular los derechos del paciente, así como los deberes de los profesionales sanitarios y de los hospitales, tanto públicos como privados.

Así, los enfermos podrán decidir si quieren ser informados o no sobre su diagnóstico, o si desean tratamiento contra el dolor, incluyendo la sedación paliativa. Además, la Ley les garantiza poder tener todos los cuidados paliativos que necesiten en su propio domicilio, siempre que no estén contraindicados.

Sin imponer su opinión

Pero la norma también regula cómo deben actuar los facultativos. La Ley de Muerte Digna deja claro que los profesionales sanitarios tendrán que respetar las decisiones que tomen sus pacientes terminales sin imponer sus opiniones personales, morales, religiosas o fisiológicas. Por ello, les tendrán que facilitar información sobre su derecho a hacer la declaración de voluntad vital anticipada; el conocido como «testamento vital», en el que el enfermo expresa su rechazo a terapias que alarguen su vida.

En cualquier caso, todos los centros sanitarios, públicos o privados, tendrán un comité de ética de carácter consultivo para resolver conflictos. Y es que, según un avance del barómetro sanitario de 2007, el 80% de los andaluces se muestra favorable a no prolongar la vida artificialmente si no existen unos mínimos de calidad.

Dos años para adaptarse

Una vez que sea aprobada la Ley, los hospitales andaluces tendrán un plazo de dos años para adaptar sus instalaciones a las exigencias de la norma, especialmente en el plano de la intimidad. Y es que el enfermo tendrá derecho a disponer de una habitación individual durante su estancia hospitalaria, tanto en los centros sanitarios públicos como en los privados. Además, se permitirá, si el ciudadano así lo desea, que el enfermo esté acompañado por sus seres queridos durante el proceso de la muerte.

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