Garzón está investigando para determinar si es competente en las denuncias presentadas por varias asociaciones de recuperación de la memoria histórica y particulares respecto a muertos y desaparecidos durante el conflicto armado (1936-39) y los primeros años del régimen de Francisco Franco.
En la providencia con fecha 28 de agosto, conocida el lunes, se dirige primero a las asociaciones y particulares para que informen sobre las exhumaciones de víctimas que se estén llevando a cabo o se vayan a practicar para que puedan ser controladas por su juzgado.
Y además se dirige al Archivo General de la Administración, a la Abadía Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, a los ayuntamientos de Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid, al Centro de Documental de la Memoria Histórica, al Ministerio de Defensa, y a la Conferencia Episcopal.
A todos ellos les pide que le informen sobre los datos que tengan de muertos y desaparecidos a partir del 17 de julio de 1936 'como consecuencia directa del denominado 'alzamiento nacional'' y la situación de guerra civil que provocó y la posguerra bajo el mandato del nuevo régimen en España'.
Por ejemplo, a los encargados de gestionar el simbólico monumento del Valle de los Caídos, cerca de la localidad madrileña de San Lorenzo del Escorial, en la que está enterrado el general Franco, les pide información sobre las personas allí sepultadas, su procedencia geográfica y las causas del enterramiento en este lugar.
A los ayuntamientos mencionados les solicita el nombre de los enterrados en fosas comunes en una serie de cementerios concretos, la circunstancia y los hechos de esos enterramientos masivos.
Al Centro Documental de la Memoria Histórica le pide datos sobre el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo y los casos que éste examinase relacionados con desparecidos o exiliados, así como la base de datos de muertos y desaparecidos en combate durante la Guerra Civil.
A la Conferencia Episcopal le solicita que comunique a todas las parroquias de España que permita el acceso de la Policía Judicial para identificar a las posibles víctimas desaparecidas en los libros de difuntos de las parroquias.
Hace dos meses Garzón ya hizo una primera petición a los ministerios de Defensa e Interior en la que les pedía un informe de desparecidos, y en caso de no poder facilitar esta información, que identificasen al organismo competente.


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