Tras la primera reunión el lunes del Consejo de Gobierno en San Sebastián tras las vacaciones, Ibarretxe compareció ante los medios para dar a conocer la decisión del Ejecutivo vasco de demandar al Gobierno el 16 de septiembre, un día después del plazo que el propio Gobierno Ibarretxe dio al Tribunal Constitucional el pasado julio para que se pronunciara sobre las impugnaciones presentadas contra la Ley de Consulta.
La Ley de Consulta establece al 15 de septiembre como fecha de convocatoria de la consulta del 25 de octubre, pero al estar suspendida perdería vigor e impediría su celebración.
Según el anuncio hecho por el lehendakari, él mismo y los miembros de su Gobierno 'con carácter individual' realizarán la 'demanda contra el Estado español por violar el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades' y lo harán en la fecha indicada porque 'si antes no se ha dicho nada o se ha negado nuestro derecho a realizar la consulta quedarían ya dañados para siempre los derechos fundamentales, que en este caso nos afectan a cada uno de nosotros'.
Ibarretxe invitó a sumarse a la iniciativa a los partidos políticos y a la ciudadanía vasca, para que aquellos 'hombres y mujeres que voluntariamente quieren hacerlo' demanden al Estado español 'por negar a las instituciones vascas y a la ciudadanía vasca la capacidad de ser consultados'.
'Quiero invitar a que todo aquél o aquella que sienta que sus derechos fundamentales son violados por no permitirle dar su opinión lo haga, de todo corazón', añadió.
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, dijo que el lehendakari estaba intentado utilizar esta medida para llevarla de 'bandera' a las elecciones autonómicas del próximo año:
'Es quejarse de que no nos dan lo que pedimos (...), sin darse cuenta de que piden lo que es anticonstitucional (...) sin darse cuenta que está pidiendo algo que no tiene, en nuestro marco legal, salida, y que está llevando al País Vasco a una situación que sólo él sabrá a dónde va', dijo el ministro el lunes en rueda de prensa.
Desde el Partido Popular, su secretaria general, María Dolores de Cospedal, rechazó 'este tipo de chantajes y desafíos a la soberanía' que lo único que hacen es 'llevar al País Vasco a una situación política sin salida y perjudicar los intereses de los ciudadanos vascos'.
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