500 personas piden el cierre de la central nuclear de Garoña (Burgos)

Cerca de medio millar de personas participaron ayer en la Marcha a Garoña convocada por Ecologistas en Acción para exigir al Gobierno central que clausure esta central burgalesa en 2009. Los manifestantes se disfrazaron y portaron grandes sombrillas para llamar la atención de los ciudadanos.

La central nuclear de Garoña, en el valle de Tobalina de Burgos, es la más antigua de España. En julio de 2009 cumplirá 38 años y, antes de esa fecha, el Gobierno central deberá decidir su cierre definitivo o su continuidad.

Garoña, una de las seis centrales nucleares de España (la última se construyó en 1987), está más que nunca en el punto de mira de las organizaciones ecologistas. Miembros de la coordinadora contra esta instalación realizaron ayer su protesta anual, sabedores de que la decisión del Gobierno indicará el futuro del resto de instalaciones nucleares.

Los propietarios de la central (Endesa e Iberdrola) solicitaron el año pasado renovar el permiso por diez años más. El actual caduca el 5 de julio de 2009. Un mes antes, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitirá un informe técnico sobre la salud de la central, documento clave para la decisión final que adopte el Gobierno.

Los achaques

Para Ecologistas en Acción, Garoña es perfectamente prescindible ya que sólo suministra el 1,3% de la electricidad «y está llena de achaques». En lo que va de año ha sufrido cinco incidentes. De hecho, según un informe del CSN citado por Ecologistas, la planta presenta 78 elementos severamente degradados y otros 135 componentes con un estado de degradación medio o bajo.

Pedro Nájera, de la Coordinadora contra Garoña, recuerda que su cierre es una promesa de Rodríguez Zapatero: «La decisión que se tome tendrá repercusiones internacionales puesto que mostrará a nivel europeo y mundial la postura del Gobierno español en pleno debate sobre la energía nuclear».

De momento, los que no se ponen de acuerdo son los políticos. Desde el País Vasco se posicionan a favor de su cierre, mientras que el PP y el PSOE de Castilla y León defienden que se renueve el permiso siempre que el informe del CSN sea favorable.

Por su parte, la empresa (Nuclenor) insiste en que en los últimos años ha realizado continuas mejoras en la planta para prorrogar su vida hasta los 60 años. Es más, asegura tener comprometidos 93 millones de euros hasta 2013 para modernizar las instalaciones.

En menos de diez meses se sabrá si la energía nuclear desaparece de la región.

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