La empresa se presentaba directamente en las casas, donde presionaba a los usuarios, muchas veces personas mayores y niños que se encontraban solos, para que aceptaran revisiones de gas innecesarias bajo la amenaza de cortes de suministro e incluso sanciones, cobrando en metálico diversas cantidades. El dinero que cobra por este tipo de operaciones oscila entre los 50 y los 100 euros.
La Comunidad ha actuado en respuesta a las 300 denuncias que los consumidores presentaron ante el departamento de Consumo, quejas que se suman a las recibidas por la Policía y las oficinas municipales. Así, el Ejecutivo autonómico considera probado que la empresa, cuyo caso ha sido llevado a cabo también ante la Fiscalía y la Policía, vulneraba el derecho del consumidor a una correcta información lesionando sus intereses económicos.
No estaba en el registro oficial
Según ha explicado la directora general de Consumo, Carmen Martínez de Sola, esta compañía, que operaba en la región, no forma parte del registro oficial donde deben aparecer las empresas autorizadas para la revisión, y además, no concertaba cita previa con los consumidores, requisito también establecido para los reconocimientos. Asimismo, los operarios del falso registro muchas veces obligaban a firmar un contrato de permanencia de forma irregular.
La Fiscalía ha abierto expediente a la empresa y estudia si los hechos son constitutivos de causa penal. Además, la directora general animó a los posibles afectados a que presenten la correspondiente denuncia en la Policía para que se pueda sumar al caso abierto.
Por todo ello, Martínez de Sola ha aconsejado a los usuarios que "desconfíen de quienes llamen a su puerta sin preaviso para hacer una inspección bajo la amenaza de un corte o una multa si el usuario no acepta", además de insistir en que se compruebe que las empresas están autorizadas para la observación de las instalaciones, para lo que los usuarios pueden llamar a los números de teléfono 91 420 64 62 o 012. Los consumidores deben contratar una revisión de la instalación cada cinco años y de la caldera cada año.
La amnistía fiscal del Gobierno se extiende al dinero en metálico
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