José Medellín, de 33 años, fue declarado muerto a las 21:57 hora local (02:57 GMT), según un comunicado del Departamento de Justicia Criminal de Texas, tras un retraso de casi cuatro horas debido a que el Tribunal Supremo revisó una última apelación que al final fue rechazada.
Texas, de lejos el estado estadounidense con la tasa más alta de penas de muerte, condenó a Medellín por la violación y muerte de la menor Elizabeth Peña, de 16 años, en Houston en 1993.
Otra menor también perdió la vida durante el incidente relacionado con pandillas, pero Medellín sólo fue condenado por el asesinato de Peña.
La Corte Internacional de Justicia ordenó el mes pasado al Gobierno de Estados Unidos que 'tomara todas las medidas necesarias' para evitar las ejecuciones de cinco mexicanos, entre ellas la de Medellín, debido a que no se les informó sobre su derecho a recibir servicios consulares.
Incluso el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, dijo el martes que Estados Unidos debía obedecer la orden de la Corte Internacional de Justicia y detener la ejecución del mexicano.
Tras la muerte, el Ministerio de Exteriores mexicano dijo en un comunicado que había enviado una nota de protesta al Departamento de Estados de Estados Unidos 'por esta violación del derecho internacional'.
Varios analistas dicen que la ejecución de Medellín podría hacer más dura la vida de estadounidenses arrestados en el extranjero si otros países deciden imitar el ejemplo de Estados Unidos y los privan de su derecho a servicios consulares.
La jurisdicción de la Corte Internacional tampoco llega a Texas, un estado donde las autoridades generalmente no aceptan que los de afuera les digan qué hacer.
La secuela política del caso Medellín y de otros relacionados ha llegado a la Casa Blanca y a la Corte Suprema de Estados Unidos.
El presidente George W. Bush ordenó a Texas, estado donde nació, que cumpliera con el fallo de la Corte Internacional en 2004 sobre la revisión obligatoria de los casos de 'MEDELLíN' y de otros mexicanos que esperan a ser ejecutados.
El Tribunal Supremo dijo en marzo que la acción de Bush había excedido su autoridad.
En conversación con Reuters en la ciudad fronteriza mexicana de Nuevo Laredo, la tía de Medellín Reyna Armendáriz, de 45 años, dijo:
'Era un chico normal, feliz (...) Ellos no tienen el derecho de quitarle la vida, admitimos que cometió un crimen pero háganle pagar con una cadena perpetua', señaló la mujer.
En su última declaración, Medellín dijo: 'Lamento que mis acciones causaron dolor'.
Medellín fue el quinto recluso ejecutado en Texas en lo que va del año, y el número 410 desde 1982, cuando el estado reinició las ejecuciones seis años después de que la Corte Suprema reinstaurara la pena capital.*.
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