El juez Santiago Pedraz ha admitido a trámite la querella presentada por el Comité de Apoyo al Tíbet, la Fundación Privada Casa del Tíbet y Tubten Wahghen Sherpa contra siete altos cargos del Gobierno chino por delitos de lesa humanidad 'por matanza sistemática y generalizada de tibetanos, lesiones graves, torturas y desapariciones forzadas'.
La querella sostiene que los demandados dirigieron el pasado 10 de marzo 'un ataque generalizado y sistemático contra la población tibetana, causando, al menos, 203 muertos, más de 1.000 lesionados graves y 5.972 detenidos ilegales y desaparecidos'.
El magistrado estima que la Justicia española tiene competencias para investigar los hechos en virtud del artículo 607 bis del Código Penal, que afecta a los delitos de lesa humanidad.
Entre los investigados están dos ministros chinos: el de Defensa, Lian Guanglie, y el de Seguridad del Estado, Geng Huichang.
Además, también figuran en la querella Zhang Qingli, secretario del partido comunista chino en Tíbet; Wang Lequan, miembro del Politburó de Pekín; Li Dezhu, líder de la Comisión de Asuntos Étnicos; el general Tong Guishan, comandante del Ejército de Liberación Popular de Lhasa; y el general Zhan Guihua, comisario político del comando militar de Chengdu.
Según la querella, la población de la región china 'es un grupo o colectivo perseguido por las autoridades por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género, u otros motivos reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional'.
Para el próximo septiembre, el juez cita a declarar como testigos al responsable del departamento de seguridad del Gobierno tibetano en el exilio, al director del centro tibetano para los derechos humanos y la democracia del Ministerio de Seguridad del Gobierno en el exilio, y al responsable del reciente informe sobre la represión en Tíbet de Amnistía Internacional.
En la Embajada china en España no había nadie disponible para comentar el hecho.
China culpa al Dalai Lama, líder espiritual tibetano, y a su gobierno en el exilio de haber planeado los disturbios en los cuales dice que murieron al menos 18 'civiles inocentes' a manos de turbas de tibetanos en la capital regional, Lhasa.
Activistas dicen que muchos más tibetanos resultaron muertos en manifestaciones posteriores y en la represión subsiguiente en la región.
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