El Gobierno ha pedido este miércoles al Tribunal Constitucional (TC) que mantenga la suspensión de la Ley de Consulta popular vasca para evitar el "daño irreversible a los intereses generales del Estado" que se produciría en el caso de que la consulta se celebrara y, posteriormente, fuera declarada inconstitucional.

Así se argumenta en las alegaciones que el Abogado del Estado ha presentado a la petición del Ejecutivo vasco para que se levante la suspensión de la consulta popular, y en las que el Gobierno se ratifica en la conveniencia de que se resuelva el recurso de inconstitucionalidad antes del 15 de septiembre.

Ese día es la fecha tope establecida en la ley para convocar oficialmente la consulta el 25 de octubre.

Desautorizaría al Estado

El Gobierno subraya en dichas alegaciones que, de celebrarse, "la consulta se haría eliminando o desvirtuando absolutamente la competencia exclusiva de autorización" que reserva la Constitución al Estado y lesionando el interés de preservar la soberanía del pueblo español.

Un daño que se evitará, a juicio del Gobierno, en el caso de que se ratifique la suspensión de la ley y el recurso sea estimado, ya que sería suficiente con que el Parlamento vasco propusiera las fechas de convocatoria y de celebración de la consulta.