El ministro del Interior, Roberto Maroni, y el de Defensa, Ignazio La Russa, firmaron una ley calificada por la oposición de fachada y que ha advertido que podría dañar la imagen del país en el exterior y alejar a los turistas.
Unos 1.000 soldados patrullarán a pie y en parejas las calles de Roma, Milán, Nápoles, Catania, Bari, Turín, Palermo, Verona y Padua, siempre acompañados de uno o dos agentes de policía.
Además otros 1.000 vigilarán el exterior de los centros de detención de inmigrantes en 16 provincias y otros 1.000 protegerán 'objetivos sensibles' como el Vaticano, la catedral de Milán, embajadas, estaciones de trenes, que podrían ser objeto de atentados.
'Es la demostración de que queremos eliminar el miedo de los ciudadanos', dijo La Russa sobre el decreto, que permanecerá en vigor al menos seis meses.
El Pueblo de la Libertad de Silvio Berlusconi llegó al poder en las elecciones de abril prometiendo mano dura contra los inmigrantes ilegales y la delincuencia. El primer ministro ha desechado las críticas de la oposición de centroizquierda de que está exagerando el problema.
TEMOR POR EL TURISMO
'Sacar el Ejército a las calles es esencialmente un ejercicio de construcción de imagen que se arriesgan a que se vuelva en su contra', dijo Marco Minniti, 'ministro de Interior en la sombra' de la oposición.
'Soldados patrullando el centro de ciudades que son nuestra mayor atracción turística no son una postal muy bonita para Italia en el momento culminante de la temporada turística', añadió.
Minniti y otros miembros de la oposición han acusado al Gobierno de intentar salvar la cara tras el malestar en las fuerzas de seguridad por recortes presupuestarios.
Antonio Di Pietro, ex juez y diputado, dijo que las medidas serán tan eficaces como 'lavarse la cara con agua sucia' y añadió que la solución real no es llamar al Ejército sino dar más recursos a la policía.
La inmigración ha saltado a lo más alto de la agenda política después de una serie de crímenes relacionados con inmigrantes ilegales. La semana pasada, el Gobierno declaró el estado de emergencia para atender la llegada de sin papeles, dando poderes añadidos a la policía y las autoridades locales.
El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Thomas Hammarberg, criticó las medidas adoptadas por el Gobierno italiano en materia de inmigración y aseguró en un informe publicado el martes que violan los derechos humanos y podrían alimentar la xenofobia.
El ministro Maroni respondió asegurando que sus preocupaciones eran 'totalmente infundadas'.
Hammarberg visitó un campo de gitanos en Roma cuyas condiciones calificó de 'inaceptables' y pidió a las autoridades que mejoren el nivel de todos los campos.
/Por Philip Pullella/


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