El objetivo de esta iniciativa es el reconocimiento mutuo de las sentencias de divorcio, a fin de que las parejas que se divorcien en un país de la UE puedan acogerse a la ley de otro país, a fin de facilitar este trámite en parejas de distinta nacionalidad o que viven en un país extranjero.
La cooperación reforzada, que todavía no se ha aplicado en la Unión Europea, supone que al menos ocho Estados miembros comienzan a aplicar las medidas entre sí y más tarde se estudia una posible extensión al resto de la UE. "Hasta ahora, los procedimientos de cooperación reforzada que prevén los tratados no se han usado nunca", por lo que la cuestión tiene importancia desde el punto de vista político, dijo una fuente diplomática.
Complejo procedimiento
El complejo procedimiento comenzó ya cuando se constató en junio pasado que Suecia se oponía a la propuesta, para la que hace falta unanimidad. El viernes, en el Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la UE, al menos nueve países señalarán su disposición a lanzar el procedimiento, tras lo cual cada uno de ellos debe comunicar por escrito a Bruselas esa determinación.
Además de España, se trata de Francia (quien ejerce la presidencia de turno de la UE), Italia, Austria, Grecia, Hungría, Luxemburgo, Rumanía y Eslovenia, según indicaron fuentes comunitarias. A partir de entonces, la Comisión Europea tendrá que elaborar una propuesta para su aprobación por mayoría cualificada en el Consejo.
Otro grupo de países, entre los que figuran Alemania, Bélgica, Portugal, Eslovaquia y Lituania, han avanzado que podrían sumarse a la iniciativa una vez que la Comisión presente su propuesta. La iniciativa se produce debido a la persistente negativa de Suecia a aceptar el reconocimiento mutuo de sentencias sobre divorcio.
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