Unos 100.000 inmigrantes podrían acogerse al plan de retorno voluntario del Gobierno

  • La mayoría serán de Marruecos, Ecuador y Colombia.
  • Cobrarían un 40% de su paro antes de irse de España.
  • Tendrán que esperar tres años para poder volver.
Cola de inmigrantes para regularizar sus papeles.
Cola de inmigrantes para regularizar sus papeles.
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Cola de inmigrantes para regularizar sus papeles.
Cerca de 100.000 inmigrantes podrán acogerse, a partir de septiembre, al plan de ayuda para el retorno voluntario de inmigrantes, que permitirá que los desempleados extranjeros no comunitarios puedan regresar a su país de origen y cobrar su prestación de paro de forma anticipada.

Los trabajadores que se acojan a esta propuesta del Gobierno percibirán un adelanto del 40% de su prestación de desempleo antes de abandonar España, y el resto, un mes después de llegar a su país.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ha explicado que "la mayor parte" de los inmigrantes que podrían acogerse a este plan proceden de Marruecos, Ecuador y Colombia, aunque España tiene suscritos convenios de Seguridad Social con 19 países en total.

Derecho a volver

El objetivo del plan es favorecer el desarrollo de los países de origen mediante el retorno de personas cualificadas, con experiencia profesional, y también con ciertos recursos para continuar trabajando allí, precisa la referencia del Gobierno.

Para De la Vega se trata de una medida "justa y voluntaria"
Los trabajadores que se acojan a este plan tendrán que esperar tres años antes de solicitar una nueva autorización para vivir y trabajar en España, aunque pasados cinco años, "tendrán
derecho preferente para volver y formar parte del contingente" de empleo, ha precisado la vicepresidenta.

La iniciativa, que es de "carácter permanente y no coyuntural", "no anula ni sustituye", sino que "complementa" a los otros planes de retorno previstos en el Reglamento de la Ley de Extranjería. Además, la vicepresidenta ha asegurado que se trata de una medida "justa y voluntaria, pensada por igual para beneficiar al trabajador, a su país y al nuestro" y que "se suma a otras similares aplicadas en otros países de nuestro entorno", ha precisado.

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