Para compañías como R, no es rentable llegar a las zonas rurales y el problema para empresas como Orange y Vodafone es la falta de antenas, que requieren licencias y estudios muy detallados tras las numerosas protestas por sus posibles efectos para la salud.
Los residentes lamentan que ni la Administración ni las operadoras les dan una solución a corto plazo, por lo que ya han presentado varias reclamaciones ante la Dirección Xeral de Consumo y la oficina municipal habilitada para reclamaciones.
En algunos casos, aseguran que las constructoras e inmobiliarias les habían garantizado servicios de cable en sus viviendas.
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