La Audiencia Provincial de Alicante presentó ayer un protocolo para someter a tratamiento ambulatorio a aquellas personas que sufren una alteración mental grave y que se niegan a recibir un tratamiento médico, alrededor de 5.000 (tres de cada cuatro) en toda la provincia.
En los casos más graves, las Fuerzas de Seguridad acompañarían a los sanitarios a los domicilios de los enfermos que tengan un trastorno mental grave y se nieguen a tomar la medicación previamente prescrita por un médico para obligarles así a recibir su asistencia sanitaria.
El objetivo de esta medida que comenzará a funcionar en octubre es «mejorar la calidad de vida de muchas familias que tienen una persona que se niega a medicarse y las consecuencias que de ello siempre se derivan», ha dicho el presidente de la Audiencia, Vicente Magro.
Por su parte, la Jefa de la Unidad de Psiquiatría del Hospital de Sant Joan, María Angustias Oliveras, ha explicado que con este protocolo «no se trata de criminalizar la conducta de personas con trastorno mental grave, sino mejorar la calidad de vida de muchas familias».
Ha dicho que en los centros de salud se han detectado numerosos casos de violencia familiar por no tomar la medicación y Magro ha añadido que esas personas serán derivadas al protocolo de reeducación voluntario de cursos de maltratadores. También ha añadido que se han elevado las medidas de alejamiento por «trastorno mental».
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