Algunos opositores del Gobierno, que niega que tenga una agenda islámica secreta, describen el controvertido caso del golpe de Estado como una venganza por las medidas judiciales para proscribir al partido AK en el gobierno y apartar al primer ministro y al presidente Abdulah Gul de la política activa.
El fiscal general de Estambul, Aykut Cengiz Engin, presentó la acusación el lunes, tras meses de intensa especulación en los medios sobre el caso, que ha afectado a los mercados financieros y ha generado inestabilidad entre los inversores extranjeros, que ayudaron al fuerte crecimiento económico.
'La acusación afecta a delitos como la formación de un grupo terrorista armado (...) y el intento de derrocar al Gobierno por la fuerza', dijo Engin a periodistas en una conferencia de prensa en el jardín de un tribunal de Estambul.
En los últimos 50 años, los golpes militares han derrocado a cuatro gobiernos electos en Turquía, un país predominantemente musulmán pero oficialmente laico, que persigue sumarse a la Unión Europea.
La acusación apunta al grupo ultranacionalista Ergenekon, que salió a la luz por primera vez hace un año, cuando se descubrió un alijo de explosivos en un allanamiento policial en una vivienda de Estambul.
La acusación de cerca de 2.500 páginas dio el nombre de 86 acusados, de los cuales 48 están en custodia. Entre ellos estaba el titular de un pequeño partido nacionalista, el editor de un diario nacionalista y oficiales del Ejército retirados.
No quedó claro qué acusados enfrentaban qué cargos. Las acusaciones también incluyen incitación a la insurrección armada, asistencia a un grupo terrorista y posesión de explosivos.
Vural Ergul, abogado de uno de los sospechosos, criticó la investigación, informó la agencia de noticias Anatolia.
'Lo que debería discutirse es el desprecio a los derechos de los sospechosos, la puesta en peligro de su seguridad personal y el aplastamiento del principio de la ley democrática en la investigación de Ergenekon', indicó Ergul.
/Por Daren Butler/.*.
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