Las comunidades, enfrentadas ante el debate de la financiación

El Ministerio de Economía ha concluido sus contactos con los gobierno regionales, y ahora tiene que presentar su propuesta para la financiación autonómica. 20 minutos ha sondeado las comunidades autónomas. La Rioja, y la Comunitat Valenciana han rechazado contestar. Galicia y Baleares no habían respondido al cuestionario remitido al cierre de esta edición.

PUNTOS CALIENTES

Estatutos - Varias comunidades han concluido las reformas de sus estatutos. Aragón, Andalucía, Baleares, Castilla y León, Cataluña y Comunidad Valenciana ya han aprobado sus textos y la semana pasada mantuvieron una primera reunión de toma de contacto para avanzar, en principio juntos, hacia más autogobierno. Pero las diferencias entre ellos son notables y algunos incluyen cláusulas de obligado cumplimiento para el Estado como la compensación de la deuda histórica que fija el andaluz.

Singularidades - Cada comunidad reclama que se tengan en cuenta sus particularidades. Aragón habla de superficie, densidad de población, envejecimiento y esfuerzo fiscal. Asturias y Cantabria además incluyen la orografía. Esta última reclama también que se valore el coste proporcional de los servicios, particularmente la sanidad, para una comunidad pequeña poblacional y económicamente. Castilla y León incluso concreta más:estos factores deben tener un peso de al menos el 20%. Extremadura también menciona la afluencia de inmigrantes y la incidencia del paro. Canarias añade la insularidad y la ultraperificidad, este último ya reconocido por la UE.

Solidaridad - Se trata de definir los servicios públicos fundamentales. En este punto se producirán las mayores discrepancias. Cataluña ha desatado la polémica al proponer que se limiten sólo a educación, sanidad y servicios sociales. "Estos mecanismos son injustos y están mal diseñados", dice la Generalitat. Enfrente están todas las demás. "El sistema debe garantizar que todos los ciudadanos, vivan donde vivan, disfruten de idénticos niveles de servicios públicos", responde Asturias. Reclaman que se incluyan otros servicios como Vivienda y, sobre todo, la Justicia.

Recaudación - Todas las comunidades coinciden en pedir que se aumente su partipación en la recaudación de ciertos impuestos. Madrid pide "que se amplíen para todas las comunidades y no sólo para alguna" los porcentajes de cesión, que actualmente están en el 35% del IVA, 33% del IRPF y 40% de los impuestos especiales (alcohol, tabaco e hidrocarburos). Los planes del Ministerio es aumentarlos al 50%, 50% y 58% respectivamente.

Multilateralidad - Castilla-La Mancha aboga por una negociación multilateral, pero esto choca con las comisiones mixtas que demandan algunos nuevos estatutos, como el catalán o el andaluz. Madrid exige que el nuevo sistema de financiación se apruebe por unanimidad por el Estado y las CC AA, al igual que en 2001.

Población - Será la principal variable en la asignación de recursos. Todas las comunidades lo asumen y lo aceptan, pero pretenden dar importancia también a otros elementos.

Perdurabilidad - Murcia cree necesarios "mecanismos de actualización periódica" referidos al factor poblacional. "Habrá de incluir también unas reglas de evolución seguras y claras de las que carece el (modelo) actual".

Objetivo: aplicar el sistema en 2009

Fuentes del Ministerio de Economía declararon a 20 minutos que se han reunido con todas las CC AA de forma bilateral para conocer sus propuestas y posiciones. El objetivo de la reforma, explicaron, es mejorar un sistema que ha quedado desfasado en aspectos como la población. La intención del Gobierno es que el nuevo sistema se aplique en 2009. Añadieron que es imposible contentar políticamente a todos, pero "será beneficioso para todos los ciudadanos". "No es una lucha entre comunidades ricas y pobres", apuntaron.

¿QUÉ RECHAZA CADA COMUNIDAD AUTÓNOMA?

Andalucía - No acepta ningún sistema que garantice que algunas CC AA puedan prestar mayores niveles de servicios públicos en su territorio por poseer una mayor capacidad económica y fiscal.

Asturias - Rechaza que sólo se garantice la financiación de determinados servicios.

Aragón - Defenderá compensaciones frente a cambios legislativos que impliquen cambios en los ingresos o los gastos de la Comunidad.

Canarias - No acepta que el sistema no cubra la totalidad de la prestación de los servicios básicos y los acuerdos bilaterales entre el Estado y algunas CC AA.

Cantabria - Rechazará un modelo que garantice sólo la nivelación parcial de los servicios públicos. No acepta la población como única variable para determinar las necesidades de financiación.

Castilla y León - Rechaza que sólo garantice la igualdad en la prestación de aquellos servicios públicos que denomina «fundamentales».

Castilla-La Mancha - No aceptará negociaciones en las que se cierren acuerdos de financiación entre una región y el Gobierno.

Cataluña - Quiere crear un nuevo mecanismo de nivelación que sustituya el fondo de suficiencia actualmente en vigor.

Extremadura - Se opone a las negociaciones bilaterales y a un sistema que proporcione menos recursos que los que tiene el vigente.

Madrid - Rechaza que se creen agencias tributarias propias y privilegios que beneficien a unas comunidades sobre otras.

Murcia - Sostiene que lo estipulado en los estatutos autonómicos no debe suponer privilegios económicos y sociales que beneficien a unas comunidades en detrimento de otras.