Los jefes de la investigación de la denominada 'Operación Candy' han comenzado a relatar este jueves a la Sala que juzga a Antonio Ortiz cómo se dio caza al que fue considerado 'enemigo público número 1' tras meses de pesquisas en las que lograba huir de la presión policial.

Las agresiones que se le imputan se produjeron entre septiembre de 2013 y agosto de 2014. Casi un año, tardaron los agentes del Servicio de Atención a la Familia, dependiente de la Brigada de Policía Judicial, en dar con quien fue calificado por la entonces delegada de Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, como el 'enemigo público número 1'.

La detención de Ortiz se produjo la mañana del 24 de septiembre de 2014 en Santander, donde Ortiz se refugió en la casa de su tío. Llegó pocos días antes, pero la Policía ya le había intervenido el teléfono al haberle identificado en un control en Madrid. Un grupo de los GEO irrumpió a las 7.30 de la mañana de ese día y apresó al presunto pedófilo.

El inspector jefe que dirigió la "Operación Candy" que se saldó con la detención del presunto pederasta de Ciudad Lineal ha explicado este jueves que la primera de las víctimas estuvo "a punto de ser atropellada" cuando el acusado supuestamente la abandonó en una gasolinera de Madrid.

Lo ha dicho en la tercera sesión de la vista oral que se celebra desde el pasado martes en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid contra Antonio Ortiz, para quien la Fiscalía pide 77 años de prisión por secuestrar y agredir sexualmente a cuatro niñas.

En su declaración como testigo, el inspector jefe del Servicio de Atención a la Familia (SAF) de la Policía Nacional ha explicado que el 13 de septiembre de 2013, unos padres avisaron a la Policía de que echaban de menos a su hija, quien había sido vista por última vez en un parque.

Horas más tarde, la pequeña, de cinco años, apareció en una gasolinera que no estaba muy lejos del parque "hablando de un hombre malo que era amigo de su madre y que tenía unas bolsas para ella".

Allí la recogieron unos viandantes que afirmaron que la menor estaba muy nerviosa y que "estuvo a punto de ser atropellada". También escucharon un frenazo brusco de un coche pero ni ellos pudieron dar más detalles ni tampoco la niña porque "dada su corta edad y nerviosismo costó mucho sacarle información".

El inspector jefe ha contado que el SAF inició una investigación sobre este asunto que llegó a un punto muerto al quedarse sin indicios suficientes para resolverlo. "Pero el asunto quedó ahí", ha agregado.

Los investigadores se centraron en 50 sospechosos conforme a los datos dados por las cuatro víctimas, de entre 5 y 9 años de edad. Las pesquisas eran complicadas, ya que el acusado eliminaba todo rastro de huellas. A las víctimas las lavaba tras las agresiones. Para el piso de Santa Virgilia, por ejemplo contrató una empresa de limpieza.

Pese a ello, los agentes de la Policía Científica hallaron una huella palmar de una de las niñas en un plástico que cubría un colchón. También en este punto localizó sangre de una menor y esperma del acusado. Además, una de las niñas vomitó en una pared como consecuencia de las pastillas que Ortiz le habría presuntamente suministrado.

Pero fue en agosto cuando la Brigada Provincial de Policía Judicial empezó a cruzar datos telefónicos con datos de los posicionamientos, dado que en uno de los raptos Ortiz llamó a su hijo en el coche estando una de las menores víctimas en el vehículo. Además, el procesado solía llamar a sus novias cuando estaba con las pequeñas.

También ayudó a la Policía la imagen que captó una cámara de parte de uno de los coches empleados por Ortiz. El acusado colaboraba con un concesionario de vehículos, lo que le permitía poder usar varios coches y despistar a los investigadores. Se rastrearon hasta 78.000 coches del mismo modelo. Una de las víctimas logró recordar algunos de los números de la matrícula del vehículo.

Otra de las menores aportó datos acerca de que su agresor sexual había parado en una tienda a comprar un bote de crema. En este lugar, la Policía encontró una huella que sirvió para estrechar más el camino hacía el autor de las agresiones.

La Policía se acercó cada vez más a Antonio Ortiz y comprobó que éste había pasado siete años en prisión por secuestrar a una menor y agredirla sexualmente en los años 90.

Con estos datos, se confirmó su supuesta autoría. Y se puso en marcha el disposicito policial para su detención. Tras el arresto, el juez ordenó su ingreso en prisión el 26 de septiembre de ese año. El pasado julio, la Audiencia de Madrid prorrogó su estancia en prisión preventiva al pasar los dos años de máximo que marca la ley en esta situación procesal.