La Junta de Jueces de lo Penal de Sevilla ha denunciado hoy que las nuevas condenas por conducir sin carné han triplicado las sentencias ejecutorias que deben vigilar.
De seguir con la actual falta de medios, llegarán en poco tiempo a "una absoluta falta de control", según aseguran.
El juez decano de Sevilla, Federico Jiménez Ballester, ha dicho a Efe que la Junta de Jueces ha constatado que, entre el 1 de mayo y el 9 de julio del año pasado, tuvieron que ejecutar 400 sentencias de conformidad emitidas por los juzgados de instrucción.
Esta cifra en el mismo periodo de este año se ha situado en 1.120 ejecutorias. Ello significa que sólo este tipo de resoluciones se ha multiplicado por tres en un año, lo que unido a la ejecutoria de sus propias sentencias hace que los juzgados penales se encuentren ante "una absoluta imposibilidad de control", según Jiménez Ballester.
Por ello, la Junta de Jueces ha expresado la necesidad de crear al menos dos juzgados penales encargados de las ejecutorias de sentencias o un servicio común para tal menester, que además está previsto en la organización de la nueva Oficina Judicial.
De esta manera, los 13 juzgados penales de Sevilla se quedarían solo para celebrar sus propios juicios y controlar sus propias sentencias.
De hecho, uno de los magistrados de lo penal de Sevilla, Rafael Tirado, ha sido expedientado por no ordenar el ingreso en la cárcel del presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés, Santiago del Valle, por abusar de su propia hija.
Jiménez Ballester ha manifestado a Efe que la Junta de Jueces ha reiterado su petición de reuniones anteriores para que se refuercen las plantillas de estos juzgados.
Denuncian además, que no se hayan atendido sus propuestas individuales en ese sentido, bien mediante horas extras de sus propios funcionarios o con el nombramiento de personal externo.
También han pedido que se modifiquen los sistemas informáticos para evitar los actuales fallos en las tramitaciones y que, al igual que sucedió con del Valle, un acusado pueda estar presentándose en un juzgado cada 15 días mientras otro lo tiene en búsqueda y captura.
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