La Fiscalía de Sevilla pide un año y medio de cárcel y nueve de inhabilitación para el alcalde de Morón de la Frontera (Sevilla), Manuel Morilla (PP), y su antecesor, José Párraga (PSOE), por permitir desde 2001 la instalación de varias industrias ilegales en un antiguo secadero de algodón.
A ambos les imputan un delito continuado contra la ordenación del territorio.
Permitieron, según la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, que en un terreno calificado como "de uso agropecuario" se instalara un aparcamiento para 150 camiones, una empresa de tapicería de muebles y un centro de lavado y engrase de vehículos.
Es más, mantiene que desde 2001, Párraga y Morilla permitieron la "consolidación de hecho" de un polígono industrial "totalmente ajeno a la legalidad".
Su escrito de acusación se une al que han presentado los vecinos afectados, que piden para cada uno cuatro años de cárcel y siete de inhabilitación para cargo público.
Plenos municipales
Entre 2001 y 2005 tuvieron lugar, según el fiscal, al menos ocho plenos municipales en los que se denunció la ilegalidad de las licencias otorgadas y las molestias que sufrían los vecinos. Tanto el arquitecto municipal como el secretario del Ayuntamiento de Morón emitieron informes en contra de las licencias.
Los vecinos de la zona de La Alameda de Morón interpusieron numerosas quejas al Consistorio de la localidad por los ruidos del polígono, especialmente de madrugada, y presentaron, sin éxito, alegaciones en todos los expedientes.
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