El objetivo de estas cláusulas es fomentar la seguridad jurídica de los contratos para solucionar los conflictos entre inquilinos y propietarios. Con esto se pretende fomentar el alquiler de pisos y que en caso de llegar a una situación de desacuerdo, se aceleren los procedimientos judiciales.
Estas contratos los creó la Corte de Arbitraje Económico, y a ellos se puede acoger cualquier persona que quiera alquilar, aunque es necesario que estén de acuerdo propietario e inquilino. De la gestión se encargan las agencias inmobiliarias que estén homologadas (en Zaragoza hay 69). Los trámites del contrato tienen un coste de 52 euros que pueden ser asumidos por una o por las dos partes o incluso por la misma inmobiliaria.
Además, este tipo de cláusulas mejoran sus condiciones este año. Desde el mes de junio todos los contratos firmados con este impreso garantizarán el enjuiciamiento en caso de conflicto en un plazo de 30 días, frente a los 9 meses de promedio de los juzgados. Es decir, en caso de desacuerdo entre propietario e inquilino se recurrirá a los cauces legales, pero sin llegar a juicio tampoco. Si no se llega a una sentencia firme en ese plazo, la institución adelantará la indemnización solicitada.
En Aragón, hasta ahora ya se han resuelto 484 casos a través de la Corte de Arbitraje, de los cuales 456 han sido por falta de pago, seis por daño al inmueble y 22 por falta de pagos.
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