Una veintena de intelectuales firmaron el pasado 23 de junio "El manifiesto por una lengua común", que reivindicaba la importancia del castellano como lengua común para el "juego político" de la democracia y su posición asimétrica respecto al resto de lenguas oficiales, al ser la "universalmente oficial" de todo el Estado. Según recoge 'Público', dicho documento se firmó bajo la premisa de que los castellanohablantes "viven sojuzgados en las tres comunidades con lengua propia", aunque los datos señalan lo contrario.
Bajo el titular 'La quimera de vivir plenamente el catalán', 'Público' saca a la luz ámbitos en Cataluña en los que el catalán tiene la presencia casi vetada, como en en la Justicia, etiquetajes de productos o en los prospectos de los medicamentos. Cada vez que una empresa no respeta a los catalanohablantes y es multada por ello, tienen quien la defienda porque las leyes "obligan con el castellano pero no pueden hacer lo mismo con el catalán", destaca el diario.
Galicia y País Vasco
La situación es diferente en Galicia, donde sí se conocen los problemas de los gallegohablantes, y en Euskadi.
Por su parte, los que viven en el País Vasco y Navarra saben que no tendrán problemas en la Administración si hablan en castellano, pero la vida cotidiana es mucho más complicada para los vascoparlantes donde las instituciones públicas no les garantizan "siempre el derecho a poder expresarse en euskera".
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