La delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana está elaborando un informe para conocer cuáles fueron las causas y las circunstancias que motivaron la detención de un joven ucraniano a las puertas de su instituto en el barrio del Cabanyal, el pasado 27 de mayo.

Así me lo confirman portavoces autorizados del citado organismo que depende del Ministerio del Interior. A Elisa Graciela Stauffer, residente en Valencia y asidua lectora de 20 Minutos, le dio pie para presentarme su denuncia ciudadana, haber leído una opinión sobre este mismo asunto, firmada por María Lozano en su columna “Mar de Fondo” de cada viernes.

Al joven detenido se lo llevó esposado la policía nacional por no llevar encima la documentación que acreditara su identidad. La comisaría del Marítimo le puso en libertad, dos horas más tarde, pero se comprobó que su situación era “irregular”. Al parecer, no había solicitado la prórroga del permiso de residencia, tras haber cumplido 18 años de edad pocos meses antes.

Para Elisa Graciela, la policía actuó con “extrema dureza”. Va más allá en su queja porque – aportando varios vídeos de prueba – cree que “a menudo los inmigrantes padecen abusos de las fuerzas de seguridad”. No se tienen en cuenta sus derechos civiles, “ni los convenios internacionales”, denuncia.

El claustro de profesores del instituto, con su director al frente, presentó el 2 de junio una queja escrita ante la delegación del Gobierno. Se cuestionaba la actuación policial, por “exceso de autoridad” en la detención del joven. Algunos docentes quisieron impedirla, pero fue en vano. En la Jefatura Superior de Policía de Valencia, me reiteran que los miembros de las fuerzas de seguridad actuaron “con absoluta legalidad”, cumpliendo el mandato de la ley de Extranjería. Insisten en que “no hubo detención, sino una comprobación habitual de identidad”. Sin embargo, las mismas fuentes policiales no saben explicarme por qué razón fue esposado el joven, ya que se trataba de una rutinaria comprobación de identidad.

En la delegación del Gobierno, se ha tomado en consideración el caso con “especial atención”, me dicen. Tras recibir la protesta de los profesores, hablaron telefónicamente con el joven y el director del colegio. Ahora esperan los resultados de una investigación que aclare los hechos que será comunicada, por vía oficial, al estudiante y al colegio. Gema Piqué, presidente de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Valencia, piensa que la policía “en este y otros casos similares” debe actuar con “mayor discreción” – dice - para no provocar escándalo social en el cumplimiento de sus funciones.

EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA

Jefatura Superior de Policía: Suspenso

Delegación del Gobierno: Notable

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