Uno de los 4 acusados del 'caso Nanysex' pide perdón a las víctimas y sus familias

Perdón "a las víctimas, a sus familias y a la sociedad en general". Así ha aprovechado este jueves su turno de última palabra Eduardo S.M., uno de los cuatro acusados de abusar sexualmente de varios menores entre 2002 y 2004, incluidos bebés, aprovechando su condición de canguro.

A su lado, el supuesto líder de la red de pederastas, Álvaro I.G., conocido como 'Nanysex', guardaba silencio con la cabeza gacha, al igual que el resto de los procesados. Ninguno de ellos ha querido utilizar su derecho a dirigirse al tribunal durante la última sesión del juicio celebrado contra ellos en la Audiencia Provincial de Madrid, que hoy ha quedado visto para sentencia.

El abogado de José G.C., José Manuel Orbán, ha explicado luego que era partidario de que su patrocinado no se acogiera a su derecho a la última palabra, pero ha destacado que éste está "tremendamente dolido" por las víctimas, por sus familias, por la suya propia y también "consigo mismo".

Según el abogado de la acusación particular, Jesús Garzón, el letrado defensor de Eduardo ha solicitado para su cliente una pena de 3 años y 6 meses de cárcel (el Ministerio Fiscal pidió ayer 86 años de prisión), porque entiende que éste no participó "activamente" de los abusos de José y "Nanysex", con quienes aparecía en los vídeos.

Garzón ha resaltado que los abogados de la defensa han coincidido en solicitar que se apliquen eximentes o atenuantes a sus clientes y han justificado que todos ellos padecen una "enfermedad mental" y que cometieron los hechos en un estado de "enajenación".

Una pena cercana al máximo legal

El abogado de Antonio O.M., para quien la fiscal pide cuatro años de prisión por un delito de distribución de material pornográfico, ha pedido la libre absolución de su cliente, al considerar que no se han presentado suficientes pruebas.

Carlos Orbañanos, abogado de "Nanysex", ha solicitado para él una pena de 19 años y medio de internamiento psiquiátrico (condena muy cercana a la máxima legal de 20 años) y, además de la atenuante de enfermedad mental, ha argumentado que su representado colaboró con la Justicia y destruyó el material pedófilo del que disponía.