El juez Tirado declara que el exceso de trabajo le impidió reclamar a Del Valle

  • Ayer declaró durante más de dos horas para explicar que en 2006 había 600 ejecutorias y más del 50% del trabajo considerado como adecuado.
  • El instructor del expediente le criticó que solicitara al presunto asesino de Mari Luz la ingresión voluntaria en prisión.
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En el centro, Santiago del Valle, presunto asesino de Mari Luz.
En el centro, Santiago del Valle, presunto asesino de Mari Luz.
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En el centro, Santiago del Valle, presunto asesino de Mari Luz.
El juez Rafael Tirado, que tiene un expediente disciplinario abierto por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por una falta muy grave de "desatención", declaró ayer que
la sobrecarga de trabajo que soporta el juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla
impidió que reclamara a Santiago Del Valle, presunto asesino de Mari Luz, para su ingreso en prisión, ya que éste fue condenado a dos años y nueve meses de cárcel por haber abusado sexualmente de su propia hija y su caso estuvo paralizado más de dos años.

Como se puede leer en Huelva Información , el magistrado, titular del juzgado de lo Penal número 1, aportó una extensa documentación integrada por más de 300 folios, y esgrimió en su defensa que en el año 2006 había 600 causas ejecutorias y que se superaba en más de un 50% los módulos de trabajo considerados como adecuados.

Era imposible llevar un control exhaustivo de las ejecutorias
Tirado, que declaró durante más de dos horas, señaló que este exceso de trabajo hacía "imposible llevar un control exhaustivo de las ejecutorias", y aclaró que las únicas causas preferentes son las que están relacionadas con los presos que están cumpliendo condena o con la violencia de género y que
en esta causa "lo más urgente" era la privación de la patria potestad de sus hijos, para que no se repitieran los abusos, medida que ya se había adoptado.

El instructor del expediente, Wenceslao Olea Godoy, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, también tomó declaración como testigos a seis funcionarios y a la secretaria Juana Gálvez, que también ha sido expedientada por el Ministerio de Justicia por los errores en la tramitación de la ejecutoria del pederasta.

Según, Alfonso Martínez Escribano y Francisco Baena Bocanegra, abogados de Tirado, éste destacó la "gran iniciativa" de los empleados en el funcionamiento del juzgado porque el magistrado no puede estar encima de todos los asuntos. El instructor interpeló a los funcionarios sobre

la forma de trabajar en el juzgado y cómo se daba cuenta del estado de los procesos a la secretaria judicial y al juez, dado que la ejecutoria de Santiago del Valle estuvo paralizada durante más de dos años sin que se acordara la detención e ingreso en prisión del sospechoso.

Uno de los errores que la inspección del CGPJ atribuyó al juez Tirado fue el requerimiento que el magistrado realizó a Santiago del Valle y a su mujer, que también fue condenada por consentir los abusos a su hija, para que ingresaran de forma voluntaria en prisión, un trámite que el inspector llegó a calificar en su informe como "dilatorio e innecesario". El magistrado respondió a la cuestión señalando que esta posibilidad, que constituía una práctica habitual en muchos juzgados penales hasta que estalló el escándalo.

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