Nos encanta pleitear: hay casi 200 asuntos judiciales por cada mil habitantes

Soys tan tramposos conflictivos falsos timadores altruistas mujeriegos manipuladores y un monton mas de adjetivos e improperios queel dicionario se queda chico.

Solo ver el gobierno las leyes y los juzgados que teneis hablan por si solos de Nos encanta pleitear: hay casi 200 asuntos judiciales por cada mil habitantes.

la noticia no tiene desperdicio, A ALGUNO DE VOSOTROS OS GUSTARÍA QUE UN DÍA TUVIERAIS UN PROBLEMA Y "LO DESPACHARAN EN EL JUZGAO" ASÍ RAPIDITO, A Q NO, A Q LES GUSTARÍA Q SI TUVIERAN Q INVESTIGAAR LO HICIESEN Y SI TUVIERAN QUE ABSOLVERLE LO HICIERAN,,,,,Q FÁCIL SE VE TODO DESDE EL SOFÁ DE CASA.....LES ASEGURO QUE LA REALIDAD ES OTRA COSA...

No, necesitamos hacer valer nuestros derechos...Ya están funcionando los llamados juicios rápidos...si aún así hay tapón, que se contrate más gente..es de cajón! (y en ocasiones, quien no llora, no mama)

La justicia es un negocio, por desgracia hay que dar de comer a tanto abogados, procuradores y jueces.

Se gastan 2 millones de € en moviles y no hay para comprar ordenadores???

Con un par, el 20% de la población española en pleitos...

2.500.000 de casos en los juzgados?

vaaaaaaa
no se lo creen ni hartos de vino


ahhh, y el 54% de los casos, son de entidades privadas (bancos)

El problema es que todo esta burocratizado e hiperregulado, las disputas mas nimias se eternizan y se da mil vueltas a asuntos sencillos.

Por ejemplo, un vecino que no paga los recibos de su comunidad durante años ¿porque es tan complejo el proceso? deberia bastar con un embargo rapidito, si puede demostrar que ha pagado lo demostrara y si no, se le obliga a pagar, como hacen con las multas de trafico, que no hay juicio ni leches, te las cobran de la cuenta, pero no, la comunidad de vecinos tiene que iniciar un proceso, una demanda, un largo tramite etc...

Despues todo esta regulado, hay mil tramites, hasta para tirarte un pe***, tienes que presentar mil instancias, declaracion de renta, empadronamiento, etc... ¿pero no tienen esos datos en sus bases? porque para multarte enseguida te localizan y saben todos tus datos, hasta tus numeros de cuenta, la burocracia es tremenda y arcaica.

Por no hablar de que hay organismos, autonomicos, diputaciones, entes locales, provinciales, estatales, todo multiplicado por mil y sin compartir datos.

Un aparato estatal monstruoso, con miles de departamentos, millones de funcionarios y aun asi, siempre te falta un papel ¡pero si tienen todos nuestros datos! (para lo que quieren) ¿porque nos los piden mil veces? montañas de papeles, instancias, formularios, certificados, impresos...

Por ejemplo, para solicitar plaza en un colegio, te piden empadronamiento, declaracion de renta, libro de familia y casi el calendario de vacunacion del gato ¿es que no tienen otra cosa que hacer? pero si todo eso ya lo tienen ¿porque complican tanto cualquier tramite? ¿porque todo es tan, tan lento y enrevesado? ¿que hacen con tanto papel?

Porque luego, el papel de marras, va a "nosedonde" y un funcionario(o miles) lo revisa, para comprobar unos datos que conocen de sobra y que obtendrian con tocar un boton de un ordenador y si se traspapela...¿y si se extravia el impreso?

Es de locos, todo lleva tramites largisimos y pasa por mil departamentos y los plazos son eternos, menos para recaudar, para eso andan vivos como lagartijas y no necesitan mil comprobaciones, te localizan sin presentar el empadronamiento ni nada.

Por supuesto no hay que olvidar los pleitos de extranjeria, que para expulsar a un ilegal...hay que pasar por mil pleitos y darle miles de vueltas, esto es del 2004 imaginemos ahora...

La sobrecarga de casos de Extranjería retrasa seis meses el señalamiento de las vistas
NATI VILLANUEVA
9-8-2004 08:53:53

MADRID. La jurisdicción contencioso-administrativo no contaba hasta hace unos años con grandes problemas en lo que a retrasos se refiere, pero el altísimo porcentaje de asuntos de Extranjería que ahora tienen que asumir estos juzgados ha variado considerablemente esa situación, de forma que en algunos casos las dilaciones se equiparan a las registradas en los órdenes civil y penal.

En esta jurisdicción siempre es parte del proceso la Administración y en todos los supuestos los juzgados tienen que resolver recursos interpuestos contra actos de los poderes públicos. Estos actos pueden ser expresos -una multa de tráfico-, presuntos -el llamado silencio administrativo- o por inactividad -cuando la Administración no soluciona un problema cuando tiene la obligación de hacerlo-.

Beneficiaria de los retrasos

El decano del Colegio de Abogados de Madrid, Luis Martí Mingarro, considera que los retrasos, «en ocasiones insoportables», que se dan en esta jurisdicción no son cosa de unos años, sino que «ese embalse de asuntos es tradicional», porque la beneficiaria de las dilaciones siempre ha sido, es y será la propia Administración, a la que incluso «le viene bien esperar», porque el tiempo corre a su favor.

La nueva ley, explica, permite la aplicación de medidas cautelares, pero la posición del recurrente sigue siendo difícil. Destaca, en especial, la acumulación de asuntos en la Sala de los Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia.

«Cuando se pusieron en marcha los Juzgados respiramos, porque empezaron con buena marcha y calidad, lo que supuso un gran avance», asegura.Sin embargo, esa tendencia se ha invertido como consecuencia de «un giro complicado» que ha implicado que a estos juzgados se les hayan atribuido competencias en asuntos nuevos, especialmente los relativos a Extranjería, que están colapsando los Tribunales.

A pesar de esa carga extra, Luis Martí Mingarro reconoce que los jueces están haciendo un gran esfuerzo para sacar adelante el trabajo. «Aunque la respuesta está siendo buena por su parte, lo cierto es que los niveles no mejoran», asegura.

Y es que, en su opinión, el número de juzgados «no estaba mal para empezar, pero ahora resulta insuficiente», más aún en una Comunidad Autónoma como Madrid, que cuenta con ciudades «independientes» de más de 100.000 habitantes.

Martí Mingarro aclara que a los letrados les acucian los mismos problemas que a los ciudadanos en general, y uno de ellos, recuerda, es el retraso en las resoluciones. «En contra de lo que algunos piensan -añade- los abogados no retardamos los pleitos. Nuestros honorarios son los mismos dure lo que dure el proceso y qué más quisiéramos nosotros que cerrar un asunto y pasar al siguiente con agilidad».

El decano apunta, además, que detrás de cada uno de los asuntos pendientes en esta jurisdicción hay una persona que espera, por ejemplo, una respuesta a una multa que ha recurrido, que está pendiente de una licencia municipal para abrir un comercio o que tienen un problema urbanístico que le supone el mayor problema de su vida.

Por otra parte, la intervención de la Fiscalía en esta jurisdicción es muy concreta y se limita a aquellos casos en los que se entiende que un acto de la Administración vulnera un derecho fundamental, como la libertad sindical o la libertad de cátedra en las universidades. Cuando los fiscales tienen que intervenir se topan con el mismo problema que tienen en lo Civil y Penal: la falta de medios personales, Si a ello se añade que la nueva Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, aprobada en 1998, hace obligatoria la presencia física del fiscal en los procedimientos, esa insuficiencia en la planta se hace todavía más notoria.

Aumento de competencias

«Ahora sólo tenemos dos fiscales para 27 juzgados y las dos Secciones del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y no nos podemos multiplicar», comenta Moix. En su opinión, es necesario reforzar esta plantilla con al menos otros dos fiscales, y más teniendo en cuenta que los que están adscritos a estos juzgados también tienen que intervenir ante la jurisdicción penal, con lo que el problema es doble.

A la vez, el volumen de trabajo se ha ido incrementando por el aumento de competencias que se ha dado a los nuevos juzgados, de forma que, a pesar de que ahora el TSJM sólo ve recursos de apelación, éstos también se han multiplicado.

Moix subraya, al igual que el decano del Colegio de Abogados, el aumento «importantísimo» de los asuntos en materia de Extranjería, sobre todo en lo que se refiere a la denegación de permisos -tanto de trabajo como de residencia- o el rechazo en frontera.

Los juzgados de lo Contencioso-administrativo en la capital comenzaron 2003 con 3.295 asuntos pendientes de resolución, a los que se sumaron 11.079. De todos ellos, los jueces consiguieron resolver 11.007 y quedaron pendientes para el presente año 3.367.

Esta cifra es ridícula si la comparamos con el número de asuntos que arrastra la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJM: 51.187.

La causa fundamental de este incremento -2.818 casos más que el año anterior- se debe, según consta en la Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al elevado número de recursos de Extranjería que han ingresado en esta Sala, a pesar de que en ella se ha puesto en marcha ya un Plan de Urgencia y un Grupo de Apoyo.

El año pasado empezó con 48.369 asuntos pendientes en esta jurisdicción, que se sumaron a los registrados en los siguientes doce meses: 26.497. Del total, la Sala resolvió 23.679 asuntos.

Madrid cuenta con 27 juzgados de lo Contencioso-administrativo. El juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, subraya, al igual que Martí Mingarro y Moix, que hasta la entrada en vigor de la nueva ley estos juzgados iban «muy bien», pues contaban con una carga de trabajo asumible.

«Una pataleta»

«El problema que se ha planteado -señala- es que toda la materia de Extranjería que antes recaía sobre el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha sido transferida a los juzgados de lo contencioso unipersonales, lo que ha provocado que éstos se colapsen».

Detrás de la decisión de que estos juzgados asumieran nuevas competencias hubo, en su opinión, «una pataleta». «Anteriormente quisieron reconvertir los juzgados de lo contencioso en juzgados de Familia y desde el Decanato nos opusimos rotundamente a esa propuesta, con lo que, al no haber tal reconversión, se decidió que estos juzgados asumieran más materias». A la asunción de esas competencias hay que sumar la mayor carga de trabajo que supone que Madrid haya sido objeto de transferencias, lo que, por un lado, se valora positivamente, pero que, de forma inevitable, «tiene contrapartidas como éstas».

Una de las consecuencias inmediatas que se han derivado de la sobrecarga en materia de Extranjería es un dato tan objetivo como el plazo de señalamiento de un procedimiento, que ha pasado de estar situado en los seis meses, cuando antes era de dos, según datos del Decanato de Plaza de Castilla.

La espera para la resolución de una causa de Extranjería tarda en la actualidad tres años, por lo que una de las propuestas de los jueces es que todos los asuntos de esta índole que absorbe esta jurisdicción se tramiten como juicios rápidos. De esta forma, calculan que en un plazo de 15 días podría estar resuelto un procedimiento. Pero González Armengol hace otro apunte, y es que esta solución contribuiría, además, a acotar la inseguridad ciudadana, dado el altísimo porcentaje de extranjeros, muchos de ellos ilegales, que cometen infracciones penales.

Una de las ventajas de esta jurisdicción es, a diferencia de las otras, la concentración de todos los juzgados en una sola sede, que está ubicada en Gran Vía 19, con lo que la construcción de la Ciudad de la Justicia no es una prioridad para los profesionales de lo Contencioso-administrativo.

El juez decano de Madrid asegura que a finales de año habrá que hacer una valoración de la carga de trabajo asumible por parte de estos Tribunales, pero a estas alturas de 2004 «se precisa de, al menos, un juzgado más». En el Colegio de Abogados, sin embargo, señalan que, «para acabar de una vez por todas con las dilaciones», son necesarios diez.