El Ayuntamiento de Málaga ha iniciado el procedimiento de venta forzosa mediante concurso público del inmueble de calle Mariscal 3 y 5 ante su mal estado de conservación. Es la primera vez que inicia una medida así.
En septiembre de 2006, el Defensor del Ciudadano, Francisco Gutiérrez, denunció ante Fiscalía el supuesto acoso inmobiliario que estaría haciendo el propietario de los edificios, Jesús Jiménez Astorga, para que las dos inquilinas del bloque, ancianas, se marchasen.
El caso ha sido sobreseido en marzo de este año. El juez considera que el propietario demuestra que él no es responsable del "mal uso y defectuoso mantenimiento y cuidado del inmueble".
La venta forzosa que ahora inicia el Consistorio reportaría a Astorga un mínimo de 2,4 millones de euros y obligaría al nuevo propietario a remodelar la construcción. Sin embargo, este concurso también podría quedar desierto si nadie ofrece, como mínimo, la cantidad fijada por el Ayuntamiento.
Las inquilinas reclaman una solución a la falta de mantenimiento del inmueble.
El dueño asegura que es una cabeza de turco
Por su parte, Astorga subraya que le han tomado como «cabeza de turco» en el Ayuntamiento. « Y el Defensor del Ciudadano sólo quiere ponerse medallitas», critica.
Asegura que no ha podido ejecutar la obra porque el edificio está lleno de personas que ocupan las viviendas ilegalmente. «Tengo el tema en los juzgados, pero no se ha resuelto».
Demuestra documentalmente que inició los trámites de mejora del inmueble en diciembre de 2006 en la Gerencia de Urbanismo. En octubre de 2005 ofreció el realojo provisional a la inquilinas mientras durasen las obras. "Eso prueba que no soy ningún acosador", recalca.
Tras esto, ellas podrían reocupar sus viviendas iniciales sin que las rentas mensuales del alquiler (de bajo importe debido a su antigüedad) se vieran incrementadas.
«Pero cuando se metió el Defensor por medio, todo se paralizó. Y el Ayuntamiento, para quitarse de problemas, decidió que conmigo iban a dar una lección a todos. El arquitecto municipal primero me dijo que el edificio estaba protegido y no podía cambiar la distribución interior, pero después dijo que sí. Las dos licencias de rehabilitación se me denegaron».
Finalmente, subraya que el edificio vale unos siete millones de euros y anuncia que recurrirá la decisión municipal que se publica este lunes en el Boletín Oficial de la Provincia.
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