La normativa, que entrará en vigor el 1 de enero, salió adelante con 143 votos a favor y 138 en contra, tras una sesión maratoniana plagada de protestas y discusiones sobre una ley que permite acceso casi ilimitado a los mensajes de texto por teléfono móvil y a los correos electrónicos, ya que muchos usan servidores extranjeros.
La ley 'FRA', como ha sido bautizada, fue aprobada después de que el Gobierno se viese obligado a introducir varias reformas de última hora y a enviar el nuevo texto a la Comisión de Defensa para que lo examinara de urgencia y someterlo así a votación en el mismo día.
Aseguran la integridad de los ciudadanos
La decisión del Gobierno, formado por una coalición de 4 partidos de centro-derecha, obedeció a las críticas de varios diputados de los grupos liberal y centrista, que amenazaron el martes con tirar abajo la ley si no se aseguraban varios aspectos relacionados con la integridad y la seguridad jurídica de los ciudadanos.
Las modificaciones más importantes introducidas establecen que las actuaciones de la FRA estarán vigiladas por la Comisión de Inspección de Datos y por un comité parlamentario de próxima creación, que incluye un Defensor del Pueblo específico, para asegurar la integridad de los ciudadanos.
El Gobierno, que defiende la ley por la necesidad de perfeccionar la lucha contra las posibles amenazas terroristas, se aseguró con los cambios la unidad de filas interna, pero no que los ataques de la oposición, juristas, periodistas, ciudadanos e incluso asociaciones de derechos humanos internacionales hayan remitido.
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