El director de Derechos Humanos del Departamento de Justicia del Gobierno vasco, Jon Landa, ha elaborado un informe, que se presentará la próxima semana en el Parlamento vasco, en el que se cifra en un centenar de muertos y unos 400 heridos las víctimas de las Fuerzas de Seguridad del Estado y organizaciones parapoliciales, grupos ultras y agresores de extrema derecha, llamados "incontrolados" desde el año 1968.

El estudio recomienda la aprobación de una Ley de atención "a las víctimas de la violencia de motivación política" -al margen de las del terrorismo y GAL-, para las que ya se ha aprobado una norma, así como la puesta en marcha de una oficina para estas víctimas y la constitución de una ponencia en la Comisión de Derechos Humanos.

El texto destaca que, "si bien las víctimas del terrorismo han tenido, especialmente a partir de la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo, un marco legal y un conjunto de medidas de reconocimiento, indemnización y apoyo muy necesarios", en el caso de las "otras víctimas", en su mayoría, no ha habido "un reconocimiento de las violaciones" de los derechos humanos, "de la injusticia de los hechos" y su "dignidad no ha sido tenido en cuenta".

"Han sido considerados como hechos aislados en algunos casos, en otros han sido negados y, en otros, contextualizados dentro de las dificultades propias de una transición democrática y de una situación de respuestas del Estado frente a la violencia de ETA, sin considerar sus impactos, el reconocimiento hacia las víctimas o las consecuencias que esto pueda tener en el clima social o la calidad de la democracia", señala.

Asimismo, destaca que en el caso de que sea "el Estado y aquellos organismos de su responsabilidad quienes lleven a cabo las violaciones -señala en referencia a las FSE- representa una agravamiento aún mayor de dichas vulneraciones, por cuanto es el Estado el principal garante del respeto a los derechos humanos".

Dentro de "las vulneraciones por Fuerzas de Seguridad del Estado", se recogen los casos de personas, que estando detenidas, retenidas o puestas a disposición de la administración policial, o bien fallecieron bajo su control o bien resultaron heridas".

"Son casos de torturas en interrogatorios, así como disparos realizados por agentes policiales sobre personas bajo su custodia en cuarteles, comisarías, vehículos policiales o en otros recintos. Siguiendo la práctica internacional en este tipo de análisis, se recogen, asimismo, casos de personas que han relatado torturas con componente sexual y violaciones, que merecen un análisis propio", manifiesta.

El documento describe "los casos de personas muertas y heridas como consecuencia de disparos en controles de carretera, principalmente en los años 70 y 80". También recoge "las vulneraciones" por agentes fuera de servicio, y los fallecidos y gravemente heridos desde 1968 por la violencia empleada por los distintos cuerpos policiales para reprimir distintas movilizaciones, en su mayoría huelgas y manifestaciones".

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