Grande-Marlaska ha fijado las declaraciones de los testigos - entre ellos una treintena de militares, incluido el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, Félix Sanz - para los meses de septiembre y octubre.
Además, en el auto difundido por los abogados de la acusación se cursan comisiones rogatorias a otros países solicitando datos o declaración de testigos fuera de España, como a dos directores generales de NAMSA, la agencia de la OTAN contratista de los aviones para el traslado de tropas españoles al exterior, en Luxemburgo, o en Noruega a los militares que se quejaron de las condiciones de las aeronaves.
Entre los llamados a declarar ante Grande-Marlaska figuran una diputada socialista, María del Carmen Sánchez Díaz, que en su día planteó numerosas preguntas al Gobierno del PP sobre el accidente, un periodista que viajó en el vuelo anterior del avión siniestrado y varios empleados de Chapman Freeborn, la empresa contratista del avión, y el presidente del sindicato de pilotos SEPLA, según medios.
El que fue Jefe del Estado Mayor del Ejército, José Antonio González, el ex director de la Guardia Civil Carlos Gómez Arruche y el ex subsecretario de Defensa Víctor de la Torre también deberán comparecer en calidad de testigos ante el magistrado.
Fuera de España se han cursado comisiones rogatorias a un total de quince países: Luxemburgo, Alemania, Irlanda, Turquía, Líbano, Ucrania, Noruega, Egipto, Yibuti, Kuwait, Turkmenistán, Afganistán, Kirguizistán, Canadá y Estados Unidos.
El juez solicita también centenares de documentos a los Ministerios de Defensa y de Fomento, al Congreso de los Diputados y Senado, al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y a varios medios de comunicación.
El mes pasado, Marlaska acusó a cinco altos mandos militares de un delito de homicidio por imprudencia grave por su responsabilidad en el siniestro que tuvo lugar en Trebisonda, Turquía, el 26 de mayo de 2003 cuando las tropas españolas regresaban a casa tras una misión humanitaria en Afganistán.
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