Después de casi tres años de debate, los ministros de Interior de la UE acordaron este mes la medida, que permite la detención sin juicio y supone que los inmigrantes 'sin papeles' también pueden enfrentarse a una prohibición de reentrada en el país de hasta cinco años.
La iniciativa, que ha sido ampliamente criticada por los grupos de derechos humanos, necesita ahora que sea aprobada por el Parlamento Europeo.
Conservadores y liberales la apoyaron en el debate del martes, dando al texto una teórica mayoría, mientras que los socialistas, verdes y un grupo encabezado por comunistas querían reducir la duración de la detención.
'Hay mayoría sobre el papel, pero siempre puede haber sorpresas, nadie puede predecir el resultado', dijo una fuente del Parlamento Europeo. 'Va a ser una votación al filo de la navaja', dijo otra fuente tras el debate, añadiendo que habrá discrepancias dentro de los grupos políticos.
'Esta directiva es una desgracia, es un insulto a la civilización en Europa', dijo el izquierdista italiano Giusto Catania, diciendo que los inmigrantes ilegales no deberían ser detenidos durante 18 meses sin haber cometido un delito.
'Estamos construyendo una Europa que se está cerrando en sí misma', dijo su colega socialista Martine Roure, urgiendo al bloque a adoptar medidas para facilitar la inmigración legal.
El límite de 18 meses es mayor que el máximo periodo de retención que existe en dos tercios de los 27 estados miembros. Aunque las naciones de la UE pueden mantener un límite menor si ellos quieren, los grupos de derechos humanos y los oponentes a la ley dicen que animará a las autoridades a encerrar a más inmigrantes indocumentados.
El Ejecutivo de la UE estima que hay unos ocho millones de inmigrantes ilegales en el bloque. Más de 200.000 fueron arrestados en la primera mitad de 2007 pero menos de 90.000 fueron expulsados.
El comisario de la UE Jacques Barrot dijo el martes que la ley era necesaria para hacer creíbles las políticas de inmigración del bloque, un postura que respaldan los legisladores conservadores y liberales.
'Es un paso necesario hacia una necesaria política común sobre inmigración, un instrumento legal esencial para salvaguardar los derechos fundamentales de los inmigrantes', dijo el diputado español conservador Agustín Díaz de Mera.
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