La casa de tus sueños puede ser una estafa

Cuidado este verano si, al observar esas envidiables casas en primera línea de playa, le entra la tentación de cambiar su vida, venderlo todo y comprar una de ellas, anunciada quizá a precio de "chollo". Puede tratarse de una estafa, una casa afectada por la Ley de Costas. Y ni en el Registro de la Propiedad ni en la Notaría le advertirán de ello.

Y es que la Ley de Costas, norma nacida para defender la ribera del mar de la ocupación privada y para limitar la presión urbanística en las zonas cercanas, ha dejado ya miles de afectados que han visto desaparecer su propiedad. Algunos intentan librarse del "muerto".

En espacio público

Esta ley de julio de 1988, a punto de cumplir 20 años, introdujo criterios nuevos para definir la ribera del mar, ampliándola, respecto a las leyes anteriores. Viviendas construidas junto a la playa o el acantilado, en su momento legalmente, pasaron a estar en espacio público tras el nuevo "deslinde".

Los propietarios dejaron de serlo y su derecho se limita a obtener una concesión para seguir ocupando su vivienda 30 años ampliable a otros 30. Pero no todas se conceden. Entre 2004 y 2007 se han solicitado 1.309 concesiones y se han otorgado 340, según datos oficiales.

En primera línea

Concesión que el Estado puede rescatar para derribar el edificio. Si se rescata, la indemnización, a juzgar por declaraciones del anterior director general de Costas, José Fernández, sería la del coste de construcción, sin el valor del suelo que, en la "primera línea de playa", es, claro, la parte del león.

Para complicar la situación, la lenta aplicación de la ley, que hace que la opinión pública olvide su existencia, y el hecho de que en el Registro de la Propiedad no haya con frecuencia ninguna anotación de que un edificio está afectado, ha llevado a que muchas personas comprasen de buena fe casas que nunca serán suyas.

Numerosos casos

Es el caso de Carmen del Amo, presidenta de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, constituida el pasado 7 de enero. Compró un piso en La Albufereta, de Alicante, a una anciana canadiense, de 92 años, que deseaba "regresar a morir a su país". La nueva casa iba a ser vivienda y despacho profesional para su marido. Para adquirirla, vendieron el piso familiar y completaron el gasto con un crédito de 20 millones de pesetas.

Antes, comprobaron en el Registro de la Propiedad que la casa estuviera "limpia", sin cargas. Compraron en abril de 2004. No sabían -tampoco el vendedor- que en marzo del mismo año se había autorizado el deslinde por el que la casa dejaría de ser suya. "Nosotros, al no tener hijos, confiamos el futuro a nuestros ahorros. Y están todos aquí. Si nos pasa algo, como mi marido es autónomo, me veo durmiendo en la playa con un saco".