Entre estas medidas se incluye la anunciada supresión del Impuesto sobre Patrimonio, que costará 1.800 millones -cuyo impacto en la economía se incluyó en el grupo de medidas aprobadas por el Ejecutivo el 18 de abril- y por lo que el Estado deberá estudiar la manera de compensar a las comunidades autónomas, que son las que ingresan la recaudación de este impuesto.

La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, reiteró hoy que España está preparada para afrontar las dificultades que acarrea la coyuntura internacional, porque en su momento, la economía española sentó unas bases cuando la situación era mejor.

En la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, Fernández de la Vega hizo esta reflexión tras anunciar la aprobación por parte del Gobierno de una serie de medidas fiscales que prevén la eliminación del gravamen del Impuesto sobre Patrimonio y las devoluciones mensuales del IVA. La vicepresidenta señaló que estas medidas supondrán una inyección de liquidez de 7.800 millones de euros.

Además, incidió en que hay escenarios que no dependen de España como son la escalada del precio del petróleo, la crisis alimentaria, la restricción del crédito en Estados Unidos o unos tipos de interés históricos, todos ellos problemas que, a pesar de no depender del Gobierno, hacen que la economía española se resienta.