Desarticulada una red que estafó más de 37.000 euros a inmigrantes

La Policía Nacional de Almería ha detenido a dos hombres identificados como Juan Francisco R.O., de 28 años de edad, y Nicolás M.S., de 55 años, ambos naturales de Almería, por estafar más de 37.500 euros a inmigrantes a los que cobraban por contratos de trabajo en empresas unipersonales sin actividad económica.

Según informó la jefatura en una nota, las detenciones se efectuaron a raíz de la denuncia presentada el pasado mes de marzo ante la Unidad contra Redes de Inmigración y Falsedad Documentales (Ucrif) por un ciudadano extranjero presuntamente estafado por la red.

Durante la investigación, los agentes descubrieron tres empresas fantasma con domicilio social en las localidades almerienses de Adra, El Ejido y Almerimar e identificaron y detuvieron a Juan Francisco R.O., con antecedentes penales por estafa, como la persona supuestamente encargada de crear, bien a su nombre o a través de terceros, un grupo de empresas unipersonales que carecían de actividad y se centraban en realizar solicitudes de permiso de residencia y trabajo para ciudadanos extranjeros.

Las investigaciones continuaron abiertas hasta la detención el pasado día 6 de junio de Nicolás M.S., con antecedentes penales por detención por reclamaciones judiciales, y al que también se acusa de participar junto al anterior en la red, que también engañaba a ciudadanos españoles con la falsa promesa de iniciar una empresa a su nombre, por lo que montaron una gran variedad de empresas ficticias, bajo la titularidad de personas diferentes para eludir la acción policial y las numerosas deudas contraídas con la Seguridad Social.

Nicolás M.S., imputado de un delito de estafa, y Juan Francisco R.O., acusado de delitos contra el patrimonio, contra los derechos de los extranjeros y falsedad documental, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Almería.

Modus operandi

Los detenidos ofrecían precontratos de trabajo a inmigrantes en situación irregular con la promesa de legalizar su situación en España previo pago de 1.500 euros por persona, si bien el expediente nunca llegaba a ser presentado o, en algunos casos, se quedaba paralizado en la Oficina Única de Extranjeros al detectarse que las empresas no tenían actividad alguna.

Gran parte de los extranjeros que figuran como titulares de las empresas eran dados de alta en la Seguridad Social por periodos muy cortos, en ocasiones sólo un día, y eran dados de baja en el momento en que las autoridades concedían el permiso de trabajo y residencia.

Para que el nombre del arrestado no figurara en las empresas solicitantes de los permisos, embaucó otras dos personas identificadas como A.M.A. y A.M.R para constituir empresas como autónomos de la construcción y realizar solicitudes de permisos de residencia y trabajo para ciudadanos extranjeros irregulares.

Según los datos que maneja la Ucrif, la red podría haber obtenido unos beneficios económicos de 37.500 euros, según el volumen de inmigrantes afectados que presentaron solicitud en la Oficina de Extranjeros a nombre de los autónomos objeto de la investigación, aunque se sospecha que pudieron también recibir desde fuera de España cantidades similares por extranjeros en origen.

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