En un mensaje transmitido en cadena nacional, la presidenta argentina, Cristina Fernández, anunció la creación de un "programa de redistribución social" para destinar lo recaudado por el incremento a los impuestos a las exportaciones a construir hospitales, viviendas y caminos rurales.
En una defensa del nuevo esquema de retenciones móviles que los productores agropecuarios tachan de "confiscatorio", la mandataria sostuvo que "el Estado no quiere cerrar las cuentas fiscales", sino "cerrar la cuenta social de todos los argentinos", que en un 23,4 por ciento vive bajo la línea de la pobreza, según los cuestionados datos oficiales.
Maíz, trigo, girasol y soja
"Interrogo a todos los argentinos si realmente estamos decididos a abordar el problema de la pobreza, porque sin redistribuir rentas extraordinarias es imposible", dijo en su discurso pronunciado en la sede del Ejecutivo ante unos mil invitados, entre empresarios, sindicalistas y políticos.
Fernández argumentó que los nuevos tributos impuestos el 11 de marzo pasado a las ventas externas de maíz, trigo, girasol y soja tienen como fin resguardar la "soberanía alimentaria" de los argentinos y asegurar la redistribución del ingreso de "aquellos sectores que más renta tienen".
En este sentido, criticó la "reacción de los que se niegan a contribuir con la redistribución del ingreso", en clara alusión al sector rural, que en los últimos tres meses protagonizó bloqueos de rutas y tres huelgas comerciales. Las cuatro organizaciones agropecuarias en conflicto con el Gobierno celebraron la inversión en obras sociales, pero cuestionaron el origen de los fondos derivados exclusivamente del sector rural.
Los impuestos subieron de una tasa del 35% a una que hoy ronda el 42%, pero que podría alcanzar el 52,7% si suben los precios de los granos.
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