Un centenar de familias esperan hasta dos años el resultado de una autopsia

«Es el principal problema del Instituto de Medicina Legal de Málaga», afirma el director de este centro, Antonio García. La falta de dos laboratorios origina que cada año hasta un centenar de familias se quedan sin saber cuál es la causa exacta de la muerte de un ser querido. La respuesta llega entre uno y dos años después.

La institución forense practica cada año un millar de autopsias. «Todas requieren enviar a Sevilla muestras con pruebas de tóxicos y de tejidos», explica García. «En casos claros, no es preciso esperar estos resultados, pero en los más complicados, entre el 5 y el 10% del total, hay que esperar».

La Ciudad de la Justicia (centraliza los juzgados de Málaga desde finales del año pasado) cuenta con espacio para los dos laboratorios que rebajarían estos retrasos forenses, «pero no sabemos cuándo se instalarán», reconoce García. «Estamos a la espera de que el nuevo equipo de la Consejería de Justicia se incorpore plenamente».

«¿De qué ha muerto mi niña?»

Josefa Andujar arrastra la pena de la muerte de su hija, María José Rojas (23 años), desde julio del año pasado. Asegura que los médicos no les atendieron bien y cree que los tratamientos que pusieron a su hija en urgencias afectaron al único riñón sano que tenía.

Según la documentación médica, María José acudió siete veces a urgencias del hospital Carlos Haya y del Clínico en sólo 18 días. Sufría fuertes dolores de cabeza que los facultativos achacaron a crisis de ansiedad y una otitis. Le recetaron tranquilizantes y le derivaron a consultas de psiquiatría.

«La familia está desesperada», se recoge en un informe médico del 7 de julio. El día 23, María José ingresa en urgencias del hospital Clínico. Tiene fuertes dolores de cabeza. En el informe médico se asegura que mejora «inmediatamente» cuando se le suministra suero fisiológico (un placebo). Le dan tranquilizantes.

Al poco de salir del hospital, en la noche del 23 al 24 de julio, María José se desploma en casa y muere. Su madre asegura que cuando el forense examinó el cadáver allí dijo que aquella muerte no era natural.

Aún está esperando los resultados toxicológicos, que tienen que venir de Sevilla. «Mi hija está en un nicho de Parcemasa. Ella siempre decía que la incineráramos si le pasaba algo. Los funcionarios del juzgado me dijeron que no lo hiciese o destruiría todas las pruebas que podrían explicar qué le pasó. También me dijeron que ella tenía muy mala calidad de vida porque sufría espina bífida, pero eso no tiene nada que ver», cuenta Josefa.

«En noviembre me dijeron en el juzgado que había sido por muerte natural. Pero faltan pruebas, ¿me están mintiendo?», se pregunta indignada Josefa.

Esta madre se queja de que el personal sanitario no le hacía caso y que hasta le insultaba en sus visitas reiteradas a urgencias. «Sufro crisis de ansiedad y ahora prefiero quedarme en casa antes que ir al hospital».

García considera que en casos como los de María José Andujar los familiares pueden incinerar el cuerpo porque los forenses recogen muestras suficientes como para saber qué ha ocurrido.

«Este caso va a quedar claro», subraya el director del Instituto de Medicina Legal, aunque no sabe si se constatará alguna negligencia médica.